El jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) de Perú, el general Juan Carlos Liendo O’Connor, ha presentado su dimisión después de que la presidente de Perú, Dina Boluarte, afirmara el martes que se barajaba la posibilidad de su cese y se mostrara en desacuerdo con tratar las protestas como «insurgencia terrorista».

La designación de O’Connor había generado polémica desde un principio, ya no solo porque Boluarte admitió desconocer quién era y cuál era su currículum, sino también sobre todo por su forma de tratar las protestas, celebrando la «eficacia» del Ejército, la cual ha dejado una treintena de muertos.

«Si se quiere abordar los hechos que estamos viendo como conflicto social, estamos en un error total. Aquí no hay conflictos sociales. Ni si quiera hay vandalismo. Son ejercicios de la violencia con una agenda política bien clara: Asamblea Constituyente, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso», dijo apenas un día antes de ser elegido para el cargo.

En su carta de renuncia, O’Connor ha citado como razones «serias complicaciones para cumplir con las funciones asignadas de acuerdo a ley». Horas antes, ha adelantado a la prensa que presentaba su dimisión por claras discrepancias con Boluarte, quien en una entrevista se mostró en desacuerdo de calificar las protestas como «insurgencia terrorista».

O’Connor ha insistido en seguir por esa línea en una conversación con Radio Programas, en la que ha vuelto a asegurar que hay «organizaciones terroristas» detrás de las protestas, aunque sin mencionar de cuáles se trataría.

En ese sentido, ha recalcado que de acuerdo con la definición de terrorismo presente en la legislación peruana, «las acciones que se vienen realizando en las manifestaciones evidencian actos de terrorismo».

No obstante, ha matizado que en las protestas «no todas las personas son terroristas» y que si bien reconoce que puedan existir «demandas legítimas», desde su punto de vista como director de Inteligencia, hay «planeamiento y objetivos desde organizaciones clandestinas».

Antes de ser elegido para este cargo, O’Connor trabajó, aunque sin tener poder decisión, en uno de las anteriores versiones de la DINI, el Servicio Nacional de Inteligencia (SIN) entre 1991 y 1998, cuando estaba bajo control del expresidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, ambos en la cárcel, por delitos de lesa humanidad el primero y el segundo por diversos delitos de narcotráfico y asesinato.

Durante esos años O’Connor trabajó junto a Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN y exministro de Defensa con Fujimori, que cumple actualmente una pena de 35 años de cárcel por la matanza de La Cantuta, en la que nueve estudiantes y un profesor fueron asesinados para luego hacerles pasar por terroristas.