La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su «profunda preocupación» por el aumento de la violencia en zonas de Colombia controladas por grupos armados y con una «limitada presencia» de las fuerzas de seguridad estatales y ha instado al Gobierno tanto a investigar los hechos como a desarrollar políticas que resuelvan las causas subyacentes a estas tensiones.

La CIDH, vinculada a la Organización de Estados Americanos (OEA), ha recordado en un comunicado que hasta el 25 de septiembre la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos había constatado al menos 42 masacres en Colombia y que la sociedad civil ha registrado 64, cifras ambas por encima de los datos de 2019.

Una de las características de este repunte de la violencia es la concentración, ya que si bien el nivel general de homicidios descendió en la primera mitad de 2020 a la tasa más baja desde 1974, las muertes se concentran solo en el 55 por ciento del territorio y Antioquia, Cauca y Nariño acumulan una especial incidencia de matanzas en estos últimos meses.

Preocupa también el perfil de las víctimas, ya que según la CIDH «pertenecen, mayoritariamente, a grupos sociales que histórica y estructuralmente padecen la vulneración de sus derechos», como pueden ser campesinos, indígenas, afrodescendientes, mujeres, niños y adolescentes, entre otros colectivos.

La Comisión asume que la violencia en Colombia deriva de «una realidad extremadamente compleja» y que, por tanto, no puede atribuirse a una única causa. No obstante, «expresa su alarma por la concentración de la misma en determinados territorios del país y en ciertos sectores de la población que sufren histórica y estructuralmente la vulneración de sus derechos».

En este sentido, ha apelado a «la obligación del Estado» para que se adopten medidas, por ejemplo dotando a las medidas de protección ciudadana de un «enfoque territorial». La CIDH se ha ofrecido a colaborar en estos esfuerzos.