La decisión judicial aclara 966 hechos criminales del desaparecido Bloque Central Bolívar de las Autodefensas

En un hecho de alta relevancia para la reparación de las víctimas de la violencia paramilitar, la Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia que permite conocer la verdad y los responsables de graves crímenes cometidos por el Bloque Central Bolívar de las desaparecidas autodefensas en 10 departamentos del país (Santander, Norte de Santander, Nariño, Putumayo, Caquetá, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas y Risaralda).

La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá condenó a 32 exparamilitares, entre ellos a los entonces cabecillas alias ‘Ernesto Báez’, ‘Pablo Sevillano’ y ‘Julián Bolívar’, por 966 hechos criminales registrados entre los años 1999 y 2006.

Entre los crímenes atribuidos a la extinta estructura paramilitar se incluyen los siguientes hechos:

-La masacre de Guadualito, en Puerto Asís (Putumayo), ocurrida entre el 17 y 19 de agosto de 2004. 8 personas fueron asesinadas, seis secuestradas y 21 familias desplazadas.

-El desplazamiento masivo y quema del corregimiento Vallecito, en San Pablo (Bolívar). 63 familias abandonaron la población porque fue incinerada el 22 de junio del año 2000.

-La masacre y desplazamiento masivo de la vereda el Piñal, en Simití (Bolívar). El 7 de agosto de 1999, el BCB de las AUC asesinó a 6 personas y provocó la huida de 33 habitantes.

-El desplazamiento masivo los Mandarinos, Simití (Bolívar). El 17 de octubre de 1999, fueron asesinadas 7 personas y 12 desplazadas.

-El homicidio del sindicalista y líder social Livio Tito Hernández, ocurrido el 16 de abril de 2002 en Nariño.

-La desaparición forzada y homicidio de la menor Nohelis Capacho, en Barrancabermeja (Santander). Crimen ocurrido 6 de abril de 2001.

-Homicidio del periodista Flavio Iván Bedoya Sarria, ocurrido el 27 de abril de 2001, en Tumaco (Nariño).

La condena impuesta a los señalados responsables del entonces Bloque Central Bolívar es de 8 años de cárcel, la máxima que permite la ley 975 de 2005.

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