El primer mandatario quien desde su nombramiento ha realizado una fuerte cruzada contra el narcotráfico, ahora busca la judicialización de “los niños mula” . Las Naciones Unidas y las organizaciones de Derechos Humanos están preocupados ante esta postura y la gran posibilidad de aplicar esta medida institucional.
El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte quien se ha consolidado en el mandatario más radical en la historia de su país, al sostener una fuerte guerra contra el narcotráfico en su país, busca la aprobación política para judicializar a los niños de 9 y 12 años.
Duterte, quien hasta hace pocos días cumplió seis meses como primer mandatario (llegó al poder el 20 de junio de 2016), ha logrado eliminar a más de 4.700 personas a manos de policías o «justicieros». Según las estadísticas oficiales, más de 2.000 personas fueron abatidas por la entidad de seguridad del estado y al menos otras 2.700 murieron en circunstancias no aclaradas.
En medio de esta radical carrera, los organismos de investigación han notado que los narcotraficantes están utilizando niños entre 9 y 12 años para poder delinquir, generando una especie de impedimento para poder judicializar a los jóvenes, ya que la ley no contempla penas para los menores de edad.
Por tal motivo, el presidente Duterte ha respaldado un proyecto de ley donde se busca enviar a la cárcel a los niños cómplices de estos delitos y también aplicar la pena de muerte a los ladrones, violadores y asesinos con víctimas mortales.
La Unicef, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y Cancillería de Derecho Humanos están siguiendo con preocupante temor esta postura presidencial, pues consideran que aparte de ilegal de forma internacional, es un grave error judicializar a los niños.
«Es injusto acusar a los niños. El resultado será niños convertidos en criminales reincidentes», dijo Ernesto Almocera, de Plan International Philippines.
En tanto, varias asociaciones lanzaron en las redes sociales la campaña #ChildrenNotCriminals (traducida al español como «los niños no son criminales») para pedir a los representantes que no apoyen el proyecto de ley.
