Con la nueva Superintendencia de Precios Justos, Maduro concretó la entidad que se encargará de vigilar la ofensiva del gobierno oficialista en contra de los comercios que se nieguen a abrir o que vendan sus productos a costos injustos. Los castigos incluyen prisión a «especuladores burgueses», rebajas compulsivas y cierre de establecimientos.

El presidente Nicolás Maduro reforzó su arsenal político para hacerle frente a la “guerra económica” que flagela a Venezuela, con una nueva superintendencia y un esquema de ajustes para el plano productivo y económico del país.

En efecto, el mandatario instaló la Superintendencia de Precios Justos, otra de las 111 entidades (Viceministerios) que ha implantando en el órgano judicial y administrativo entre el 2012 y el año pasado. El organismo se creó para tratar de frenar la inflación y ajustar un tope máximo de ganancias para las empresas (30 por ciento), en todas las actividades económicas, informan medios locales. Igualmente, Maduro negó que el gobierno impulse una devaluación.

En tal razón, esta entidad inicia un nuevo capítulo para los venezolanos, luego de que en noviembre del 2013, el Presidente, por medio de la Ley Habilitante, iniciara la cacería de los dueños de los comercios que vendan productos a precios injustos. En ese entonces, el Gobierno le exigió a los propietarios de los negocios rebajas de hasta un 50 por ciento en los costos; si no lo hacían, se enfrentaban a multas, cierres e incluso a terminar en la cárcel.

La polémica decisión provocó una avalancha de arrestos, saqueos y largas filas frente a los establecimientos para comprar a precios bajísimos electrodomésticos y diferentes productos. Adicionalmente, el Gobierno redujo sustancialmente el costo de los automóviles.

Bajo este panorama, el nuevo ajuste lanzado este martes por el Gobierno, compete una serie de castigos para aquellos que no cumplan con la nueva ofensiva “contra el empresariado”, sector aquel que Maduro responsabiliza de haber iniciado la “guerra económica”.

El presidente declaró que podrá tras las rejas a quienes especulen con los precios de los productos y reveló que se “desplegarán inspectores conformados por todo el pueblo, las milicias bolivarianas y cuerpos de seguridad para vigilar los precios”, consigna El Nacional.

Una vez se decretó la medida, la Fiscalía General de Venezuela señaló sobre la detención de al menos 30 personas por supuesta especulación y acaparamiento de productos, indicó el diario local.

En este orden de ideas, el chavismo continúa en pie de fajar al sector económico de Venezuela con recortes y reformas. En todo caso, lo que parece ser una inquisición del oficialismo hacia varios sectores para el beneficio país, refleja el declive legislativo y económico que el gobierno de Maduro insiste en mitigar.