Juan Manuel Santos entregará este miércoles a 34 familias de campesinos parte de una finca usurpada hace décadas por líderes paramilitares en Córdoba. Durante los años 90, los hermanos Castaño constituyeron en esta zona del país el fortín desde el que delinquieron.

Las 164 hectáreas de tierra que recibirán los jornaleros forman parte de la Hacienda Santa Paula, cerca de la ciudad de Montería, donde nacieron las organizaciones que dieron lugar a las temidas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Esas organizaciones paramilitares, nacidas como respuesta a la acción de las guerrillas, fueron disueltas tras el proceso de desmovilización ocurrido en Santa Fe de Ralito, durante el gobierno de Álvaro Uribe en 2005. Este proceso, para algunos fallido, dio origen al fenómeno de las Bandas Criminales, que hoy azota a varias regiones de Colombia.

Según el organismo que ejecuta la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras vigente desde 2012, los hermanos Carlos, Fidel y Vicente Castaño, líderes de las AUC, compraron tierras en todo el departamento de Córdoba desde 1990 para iniciar una reforma agraria.

Tras acumular varios lotes hicieron una donación de 120 parcelas de la Hacienda Santa Paula a campesinos, como una contribución social a través de su Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), que fue desarticulada años después por canalizar dinero para actividades delictivas.

Pero después de entregar las escrituras, los hermanos Castaño exigieron a los campesinos parte de sus ganancias y determinados usos del suelo, con presiones que acabaron en una expulsión de los campesinos de los terrenos que les habían cedido, a cambio de una cantidad de dinero.

La entrega de tierras que este miércoles liderará el presidente colombiano responde a un fallo judicial que anula los negocios jurídicos de compraventa efectuados hace más de una década por considerar que los campesinos estaban bajo presión.

La sentencia afecta también a otras 26 familias que más adelante recuperarán sus tierras en Santa Paula.

Las familias de campesinos podrán volver a disfrutar de sus tierras con todos los documentos al día y otros beneficios, como una exoneración fiscal y subsidios de vivienda y para el desarrollo de proyectos productivos.