La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado este lunes a Venezuela por violar los derechos políticos, la libertad de expresión y la protección judicial del excandidato presidencial Henrique Capriles durante el proceso electoral de 2013, lo que permitió el «uso del aparato del Estado para favorecer» al presidente Nicolás Maduro.

El tribunal con sede en Costa Rica ha concluido que las actuaciones y omisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Venezuela «constituyeron un uso abusivo del aparato estatal dirigidas a favorecer al candidato oficialista», Nicolás Maduro, y desvelaron la «falta garantía de la existencia de medios adecuados de impugnación y de transparencia en el proceso».

Capriles y Maduro compitieron por la Presidencia venezolana en unas elecciones celebradas el 14 de abril de 2013, precedidas por la muerte de Hugo Chávez, un mes antes. De acuerdo a los los resultados anunciados por el organismo electoral, Capriles –representando a la Mesa de Unidad Democrática (MUD)– obtuvo el 49,12 por ciento de los votos frente al 50,61 por ciento de Maduro, que se había inscrito como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pese a ejercer de «presidente encargado de la República» en ausencia de Chávez.

Cabe recordar que un dictamen del TSJ lo habilitó días antes para presentarse a las presidenciales y estableció que no debía separarse del cargo para competir en la elección, en contra de la legislación venezolana del momento.

La CIDH ha recordado que los comicios se celebraron «en un contexto de progresivo deterioro de la separación de poderes en Venezuela y de la independencia e imparcialidad del CNE y el TSJ».

Además, durante la campaña se emplearon «medios de comunicación públicos, declaraciones y movilizaciones de funcionarios del Estado, presiones indebidas, y uso de recursos públicos para la cobertura y promoción de Nicolás Maduro».

La Corte ha lamentado que las actuaciones del Estado fueron «de tal magnitud» que afectaron la «integridad del proceso electoral y los derechos políticos, la libertad de expresión y la igualdad ante la ley de» Capriles.

Asimismo, constituyeron «un abandono de los principios fundamentales del Estado de Derecho en tanto desconoció las reglas previstas en el derecho interno para limitar el poder y hacer posible el juego democrático, y permitió el uso del aparato del Estado para favorecer al candidato oficial antes, durante y después de la elección».

Todo ello, han concluido los magistrados del tribunal, «afectó el derecho de los electores venezolanos a elegir libremente a sus gobernantes».

Capriles lamenta la demora en la sentencia

El opositor ha celebrado el dictamen de la CIDH a su favor, así como la adopción de medidas de protección por parte del tribunal. Sin embargo, ha sido muy crítico con el lapso de tiempo pasado desde que interpuso la demanda contra el Estado venezolano, hace once años. «La justicia además de hacer prevalecer la verdad tiene que ser expedita», ha señalado en su cuenta de la red social X.

«Siempre hemos buscado caminos en el marco de nuestra Constitución para recuperar la democracia, la institucionalidad. Espero que llegue ese día en que se respete y prevalezca el sagrado derecho a decidir los venezolanos en paz su futuro», ha concluido Capriles.