La directora general de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano se reunió con la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón para hacer un balance de los bienes entregados por la Fiscalía a la entidad. Un total de 3.398 bienes ha recibido el Fondo para la Reparación a la fecha, de los cuales solo 580 tienen extinción de dominio.
“Nos reunimos con la señora fiscal para solicitarle apoyo con los fiscales a cargo, para que a través de ellos, se le pida a las salas de Justicia y Paz, que den celeridad al trámite de extinción de dominio de los bienes que faltan, ya que surtiendo este paso, desde la Unidad podemos monetizarlos para reparar a las víctimas incluidas en las sentencias”, afirmó la directora de la Unidad para las Víctimas, Lilia Solano.
La funcionara confirmó que la entidad “solicitará a otras entidades como la SAE, contrastar su información con la Fiscalía para esclarecer todo lo que tiene que ver con los bienes que las víctimas requieren para su reparación”.
Una de las mayores dificultades que se han presentado en la administración de los bienes es la ocupación no autorizada, ya que del número total, 1.383 se encuentran en este estado, convirtiéndose en una carga administrativa y económica para la Unidad, representando un detrimento en los recursos públicos.
Así mismo, la directora Lilia Solano informó que 411 bienes entregados por 10 exparamilitares, designados como gestores de paz por el presidente de la República, no se encuentran en el inventario de bienes del Fondo para la Reparación de las Víctimas.
La fiscal general y la directora de la Unidad para las Víctimas acordaron una próxima reunión para el 13 de enero del 2025, con el propósito de hacer seguimiento en la investigación de los bienes que se encuentran sin ubicar y los posibles casos de corrupción, en administraciones anteriores, al interior en la entidad.
Durante esta primera reunión se radicó formalmente la solicitud a la Fiscalía General de la Nación para acelerar los procesos de extinción de dominio y la entrega de bienes al Fondo, que son fundamentales para garantizar la reparación integral a las víctimas del conflicto armado incluidas en las sentencias de Justicia y Paz. Además, se acordó trabajar de manera conjunta en una hoja de ruta que permita avanzar en la resolución de las dificultades y obstáculos que persisten respecto a estos bienes.
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