Pese a los múltiples sucesos que marcaron el 2016, hay uno que no pasa desapercibido, de manera insólita en 2016 la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entes que conforman el Ministerio Público, se quedaron sin sus timoneles. A uno lo tumbó un escándalo sexual y al otro lo destituyeron porque su reelección estuvo viciada.
Pocos olvidarán la salida de Jorge Armando Otálora de la Defensoría del Pueblo en enero de este año cuando un escándalo sexual lo obligó a presentar su carta de renuncia al cargo.
Los hechos que motivaron su dimisión se relacionan con el escándalo tras la denuncia pública hecha por Astrid Helena Cristancho, quien aseguró que había sido víctima de acoso laboral y sexual por parte del funcionario mientras ejercía como secretaria privada del organismo.
Las denuncias de acoso laboral ya habían puesto el nombre de Jorge Armando Otálora en la palestra pública. Por medio de dos columnas de opinión publicadas en la Revista Semana en octubre de 2015 se hacía mención a las quejas que se habían radicado por parte de un grupo de altos funcionarios por lo que consideraban un trato hostil, grosero y hasta inhumano.
Finalmente, en la noche del 27 de enero el Otálora presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo. Pese a que desmintió las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trataba de un “montaje y una persecución” se vio obligado a dar un paso al costado mientras, aseguraba, se adelantan las respectivas investigaciones en su contra.
La dimisión de Otálora se oficializó en marzo, cuando la Cámara de Representantes le aceptó su renuncia.
Alejandro Ordóñez, el peso pesado que salió por la puerta de atrás
A principios de septiembre el Consejo de Estado tumbó la reelección del procurador Alejandro Ordóñez, el Alto Tribunal consideró que hubo fallas en su postulación y posterior votación.
Con 14 votos a favor y cinco en contra, el Consejo de Estado anuló la reelección del otrora Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, quien se había hecho célebre por su férrea oposición al proceso de paz con las Farc. Asimismo, era conocido por adoptar posiciones muy ortodoxas en temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la adopción por parejas del mismo sexo.
Según Jorge Octavio Ramírez, vicepresidente del Consejo de Estado, en la reelección de Ordóñez “se desconoció el artículo 126 de la Constitución Política que consagra una prohibición que acarrea la nulidad del acto de elección, nombramiento o postulación de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer”.
Asimismo, aseguró que Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección.
De acuerdo con este principio, se estableció que su reelección es nula y tan pronto sea notificado, el procurador deberá abandonar el cargo. Martha Isabel Castañeda, viceprocuradora, será la encargada de reemplazarlo.
Luego de conocerse la decisión del Alto Tribunal, Alejandro Ordóñez se fue lanza en ristre (como solía hacerlo) contra el proceso de paz a tal punto que atribuyó su salida del cargo como uno de los acuerdos hechos en La Habana entre el Gobierno y las Farc. Posteriormente, se matriculó en una de las campañas del No en el Plebiscito.
