El 16 de diciembre del 1991, entre las 9:00 y 9:30 de la noche, un número no determinado de hombres que portaban armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas arribó de manera imprevista a la vereda El Nilo, en Caloto, departamento del Cauca y, tras reunir a los miembros de la comunidad y prender fuego a los ranchos que habitaban, obligó a las víctimas a tenderse bocabajo en el suelo, donde las ejecutaron.
De acuerdo con un fallo del Consejo de Estado del 26 de junio de 2014, “la masacre fue ordenada por uno de los socios de la empresa que recientemente había adquirido la propiedad de la hacienda El Nilo y contó con la participación de civiles y miembros de la Policía Nacional acantonados en Santander de Quilichao”.
Desde la ocurrencia de la masacre, el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, conjuntamente con el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, y luego con la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN, iniciamos el proceso de representación nacional e internacional de las víctimas, sus familiares y el pueblo indígena Nasa en búsqueda de justicia y reparación para la comunidad.
De acuerdo con el Cajar, en materia de justicia, por la masacre de Caloto, en la actualidad enfrentan juicio el General Fabio Alejandro Castañeda Mateus y el mayor Jorge Enrique Durán Argüelles, acusados por la masacre de los indígenas.
Los agentes permanecieron privados de la libertad entre febrero de 2015 y mayo de 2016, fecha en la que mediante recurso interpuesto por su defensa recobraron la libertad debido a la falta de diligencia de la justicia.
Cabe señalar que varios civiles ya han sido condenados por esta matanza, entre ellos Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Édgar Antonio Arévalo Peláez, sentenciados en 1995 a penas de entre 18 y 14 años de cárcel por un juez de Cali; Luis Alberto Bernal Seijas, Carlos Arturo Bahos Mejía, Carlos Alberto Flórez Alarcón y Neimber Marín Zuluaga, condenados los tres primeros a 29 años de prisión y el último a 25 años, y Orlando Villa Zapata, alias Rubén, sentenciado en su momento a 25 años de reclusión, de los que apenas pagó seis pues en agosto de 1998 se fugó de la cárcel de Villa Hermosa, en Cali, y se fue a trabajar con los paramilitares hasta que se desmovilizó el 23 de diciembre de 2005.
25 años después de las masacre, el Cajar y las demás organizaciones que representan a las víctimas insisten en el llamado a que se aplique de manera expedita la justicia, junto con la verdad, la reparación integral y las garantías de no repetición de los hechos ocurridos.
