A manera de respuesta a las 52 objeciones presentadas por el Centro Democrático a los tres acuerdos a los que se ha llegado en la agenda del proceso de La Habana entre el Gobierno Nacional y las Farc, Humberto de la Calle entregó de manera detallada los comentarios a cada una de las capitulaciones que hizo el ‘uribismo’.
En el informe presentado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz se encuentran los 52 reparos presentados por el Centro Democrático y luego las observaciones que hace el equipo negociador del gobierno. De la Calle afirmó que todo lo que se ha convenido en la mesa de diálogos con las Farc ha sido bajo la Constitución y que nada está por fuera de ella.
Uno de los temas que despertó más polémica fue la reforma agraria, tema en el cual el ‘Uribismo’ interpreta que “la principal premisa de este acuerdo es una transformación estructural del campo” que tenga como objetivo reducir la concentración de la tierra y la colectivice; pero sostiene que “no hay tierra ilimitada para entregarle a cada campesino una parcela”, entonces según lo convenido por el gobierno y las Farc, se crearán “unos instrumentos de extinción y expropiación altamente perversos”.
El comentario que hace el gobierno sobre este acuerdo es que “de ninguna manera apunta a la colectivización de la propiedad de la tierra”, sino se trata de “poner en marcha un gran programa de desarrollo rural y de reducción drástica de la pobreza para el beneficio de todos los habitantes del campo”.
Asimismo, afirman los negociadores que “no es cierto que se vayan a crear instrumentos de extensión y expropiación”, pues esto se va hacer por medio de leyes que ya existen, como por ejemplo, la Ley 160 de 1994 y la de extinción judicial de dominio de 2013.
Otra observación que hace el Centro Democrático en este tema es que “se aplicará extinción administrativa de dominio (…), pero sin indemnización a los propietarios legítimos de las tierras que supuestamente no cumplan con una función social y ecológica de la propiedad”. Frente a esto, cómo lo dijo De la Calle, todo lo que hasta el momento se ha acordado en La Habana está sujeto a la Constitución, es decir, que “esta figura existe no solo en la Constitución (en el artículo 58), sino que lleva más de 80 años en la legislación colombiana. También explica que,“nadie que sea un propietario legitimo y que haga uso productivo de su tierra y adecuado en los términos de la ley, tiene por qué temer”.
Por otro lado, el ‘uribismo’ advierte que ninguna propiedad legal tiene seguridad ni garantía jurídica de permanencia, pero el documento es reiterativo en decir que esta figura está consagrada en el artículo 58 de la Constitución y que solo es aplicable por motivos expresamente autorizados por la ley y previa indemnización al propietario.
Zonas de Reserva Campesina
Según el ‘uribismo’ el gobierno entregará a las Farc las zonas de reserva campesina para que se conviertan “en zonas de retaguardia estratégica”. El gobierno, nuevamente, desmiente esto y dice que “el procedimiento para la constitución de estas zonas de reserva campesina no es modificable por el acuerdo”, es decir, que lo convenido en La Habana con las Farc no altera lo que ya está establecido por la ley y aclara que en tal caso esto sigue en cabeza del Incoder o la institución que esté al frente de este tema para que autorice o no la creación de una zona, y todo se hará bajo la Ley 160 de 1994 y sus decretos reglamentarios.
Frente a la acusación de que las Farc “buscan convertir las zonas de reserva campesinas en corredores geoestratégicos para la movilización militar de tráfico de armas, drogas, contrabando además de adoctrinamiento de las comunidades que hagan parte de ellas”,el documento, dice que esta afirmación “en un escenario del fin del conflicto armado carece de fundamento”.
En la capitulación 24, el partido político del expresidente Uribe manifiesta su preocupación en el punto de la dejación de armas, pues según ellos las Farc solo las dejarán cuando el gobierno haya cumplido con los 10 planes nacionales rurales incluidos en el acuerdo, que podrían durar 20 años en ejecutarse. Los negociadores responden que este punto “ni siquiera se ha discutido en la fase del proceso y cualquier interpretación sobre el tema de dejación de armas es pura especulación”.
Participación Política
Acerca de la participación en política de miembros de la Farc, el ‘uribismo’ señaló que “el gobierno sigue haciendo concesiones al terrorismo al aceptar en los acuerdos el término dejación de armas y no exigir su entrega a la firma de los acuerdos”.
Sin embargo, la explicación que hace el documento presentado por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, es que en el “acuerdo general para la terminación del conflicto y la construcción de la paz estable y duradera, las Farc aceptaron, por primera vez en su historia, discutir el proceso de dejación de armas” un término que se ha usado en otros procesos en Colombia, por ejemplo, “en marzo de 1990 con Carlos Pizarro del M- 19”, quien como comandante de ese grupo guerrillero en proceso de desmovilización, hizo dejación de la última arma que tenía en su poder”.
En la capitulación 30 dicen los del centro Democrático que “en Colombia existen condiciones suficientes para la conformación de nuevos partidos y movimientos políticos, permitiendo que los terroristas desmovilizados que no sean condenados por crímenes atroces, se someterán a las condiciones de la democracia”.
Al respecto, el gobierno dice que si bien es cierto que en Colombia existen condiciones para la creación de partidos y movimientos políticos, existen restricciones y que la misma Constitución exige requisitos para conformación de estos.
Por otro lado, el ‘uribismo’ señala que “el acuerdo establece la eliminación de un umbral mínimo de votación en las elecciones (…) como requisito para que los partido obtengan y conserven la personería jurídica”. Sin embargo, el gobierno es enfático en decir que esto “no es cierto”y aclara que “el hecho de que un partido político no pierda la personería jurídica por no superar el umbral en las elecciones de Congreso de ninguna manera debilita el sistema de partidos”.
Drogas Ilícitas
En este punto el Centro Democrático, cuestiona que “en el acuerdo del gobierno no se obligó a las Farc a reconocer que son narcotraficantes y que han financiado su violencia contra el pueblo con los recursos del narcotráfico”. No obstante, el documento del gobierno aclara que en el acuerdo las Farc reconocen “que el cultivo, la producción y comercialización de las drogas ilícitas también ha atravesado, alimentado y financiado el conflicto”.
En su última capitulación (52), dice el ‘uribismo’ que “si las Farc no se comprometen a entregar sus derivados del narcotráfico, el cumplimiento de este acuerdo será la más grande operación de lavado de activos de la historia Colombia”.
El gobierno subraya que las Farc “se comprometen a poner fin a cualquier relación, que en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno (de las drogas)”. Además esto se hará bajo la “declaración de principios”, y uno de ellos es la reparación a las víctimas. “Las victimas tendrán derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto”.
