Millonarias perdidas han dejado los atentados del Ejercito de Liberación Nacional (ELN) al oleoducto Caño Limón – Coveñas, según Ecopetrol, solo este año se han perdido cerca de 8/93 mil barriles de crudo.
El país ha dejado de producir 893 mil barriles de petróleo, equivalentes a más de un día de la producción nacional, por cuenta de las 28 voladuras ocasionadas por la guerrilla del ELN contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas en lo corrido de 2017, informó en las últimas horas Ecopetrol.
Además, la petrolera refiere que por cuenta de los atentados terrorista del ELN contra el oleoducto, las regiones han dejado de percibir cerca de 18.600 millones de pesos en regalías.
“La parálisis de este campo y de otros cercanos (Chipirón, Rondón y Cosecha), que también evacúan su producción por el oleoducto, tiene un fuerte impacto sobre las comunidades de ese sector del nororiente del país y la inversión social. Solamente en regalías se han dejado de percibir $18.600 millones”, informó Ecopetrol en un comunicado.
En 2017, las voladuras se han concentrado en Norte de Santander, con 26 atentados en los municipios de El Carmen, El Tarra y Teorama. También se registró un atentado en Arauca (Arauquita) y otro en Boyacá (Cubará).
Además de los graves daños que causa al medio ambiente el esparcimiento de crudo , hay preocupación en el departamento de Arauca porque los atentados contra el oleoducto pone en riesgo cerca de 1.600 puestos de trabajo y contratación de bienes y servicios por $70 mil millones en el departamento.
“La parálisis del campo Caño Limón pone en riesgo 1.600 empleos (el 70% corresponde a trabajadores que viven en Arauca) y la contratación de bienes y servicios con proveedores araucanos, que anualmente es de $70.000 millones”, afirma Ecopetrol.
Finalmente, la petrolera rechazó estos actos terroristas del ELN contra la infraestructura energética del país.
“Ecopetrol rechaza enfáticamente estas acciones terroristas que violan el Derecho Internacional Humanitario, ponen en riesgo la integridad de civiles y miembros de la Fuerza Pública, afectan la normal prestación de servicios públicos esenciales como agua potable y gas domiciliario, y dañan gravemente el medio ambiente”.
