Contra viento y marea, el jefe del organismo investigador sigue en la puja por convocar una Asamblea Constituyente y reformar la justicia a través de este mecanismo. ¿Cuál sería el costo de tomar ese camino?
En las últimas horas el fiscal Eduardo Montealegre reiteró su propuesta de hacer una “reforma profunda de la justicia” a través de una Constituyente, en la que también estarían presentes integrantes de las Farc en caso de que se logre la firma de los diálogos de paz.
“Tengo el pleno convencimiento de que la mejor contribución al proceso de paz es convocar a una Constituyente para que esa asamblea realice una reforma profunda de la justicia”, sentenció el jefe del órgano investigador a la prensa nacional.
La idea es reemplazar la reforma al equilibrio de poderes por este mecanismo, con el fin de darle un ‘revolcón’ al país en materia judicial y de paso reforzar las bases jurídicas que fuesen necesarias para un posible escenario de posconflicto. Coincidencia o no, este propósito está en sintonía con lo que han propuesto las Farc, el Centro Democrático y el Polo.
Sin embargo, ni el Legislativo ni el Ejecutivo parecen ‘dar pie con bola’ frente a lo que dice el Fiscal. Mientras que el Congreso ya está en la recta final del debate sobre el equilibrio de poderes, considerada como una de las apuestas legislativas más ambiciosas del Gobierno de Santos y cuyo objetivo es –entre otras cosas- el de ‘poner en cintura’ los beneficios del Fiscal y de los magistrados, el propio presidente Juan Manuel Santos afirmó que una Asamblea Constituyente no está hoy en la agenda del Gobierno Nacional.
Aun así el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos; del Consejo Superior de la Judicatura, Wilson Ruiz; del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara, y el Fiscal General se la juegan por este escenario. La apuesta es grande (…) dice Montealegre que demandaría el articulado ante la Corte Constitucional si el Congreso lo aprueba en los dos ciclos restantes.
“Con el pretexto de despolitizar la Rama Judicial, se refuerzan los amplios poderes del Ejecutivo. Aunque comparto el propósito impostergable de reformar la justicia, este proyecto es solo una sumatoria de pequeños ‘micos’ ”, enuncia el Fiscal.
Pero, ¿a qué se enfrentaría el país si se toma el camino de la Constituyente?
Reza el comunicado firmado por el Fiscal y las Cortes que “una Asamblea que deberá garantizar la participación activa y directa de los diferentes sectores de la sociedad, incluidos los desmovilizados si se firman los acuerdos de paz, para que las reformas necesarias a la administración de justicia sean fruto de un debate democrático y plural. Esto, con el fin de asegurar la verdadera construcción de soluciones que surjan de la confrontación de las diferentes corrientes de pensamiento y el debate informado de los ciudadanos”.
Expertos explicaron a Confidencial Colombia que un escenario de ese calibre ocasionaría inestabilidad institucional ya que, si no se definen bien los alcances, la asamblea estaría comiendo más de lo que puede masticar.
A esto se suma el riesgo de que aumente el desprestigio y la mala imagen que en los últimos años posa sobre la rama judicial, si se permite que dentro de la misma Constituyente prevalezca el oportunismo por sobre la transparencia.
Y es que posiblemente el fiscal Montealegre y las cortes están mandando el mensaje equivocado. En declaraciones para El Tiempo, la directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, Gloria María Borrero, señala que acatar la posición del Fiscal y de los presidentes de las cortes implica aceptar que el Judicial es “un poder irreformable, incontrolable e ingobernable”.
Varios sectores también se preguntan a qué juega el Fiscal cuando él reprocha vicios de trámite e inconstitucionalidad en la reforma y al mismo tiempo hace ‘lobby político’ en pleno del Congreso.
A pesar de que son más las voces en contra y que se ha acusado a Montealegre de entorpecer el trámite de la reforma, en el fondo preocupa que esta no aterrice soluciones reales para ventilar la actual crisis en la justicia y que por ende crezca la necesidad de aplicar una Asamblea constituyente.
