El delito de aborto forzado es uno de los temas de discusión obligatorios en el proceso de paz. La ONG Women’s Link Worldwide pidió a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, judicializar a miembros del bloque José María Córdoba de las FARC, por realizar abortos forzados. ¿Habrá castigo para los culpables?
Aunque no se ha llegado a un consenso en las cifras, según un estudio realizado por la campaña “Saquen mi cuerpo de la guerra”, en el marco del conflicto armado colombiano, entre el año 2001 y 2009 más de 27 mil mujeres fueron forzadas a interrumpir sus embarazos. La violencia sexual contra las mujeres es uno de los capítulos mas abominables de la violencia en Colombia.
La documentación obtenida indica que grupos al margen de la ley someten a este tipo de violencia sexual no sólo a las combatientes de sus filas, sino a la población civil porque consideran que las embarazadas perjudican sus objetivos militares.
Esta práctica es considerada un crimen de guerra según el Estatuto de Roma. En nuestro país ha sido condenada en varias ocasiones. Por ejemplo, en el año 2014, Salvatore Mancuso Gómez y 11 comandantes de los Bloques Catatumbo, Norte, Córdoba y Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron condenados por 175 casos de violencia basada en género con prácticas como prostitución, esclavitud sexual, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos, esterilización y abortos forzados.
También fueron condenados por los mismos delitos Olimpo de Jesús Sánchez Caro, alias El Cucho, cabecilla del Ejército Revolucionario Guevarista (ERG) y 19 hombres más que pertenecían a este grupo insurgente.
En este caso, el fallo que fue emitido por el Tribunal Superior de Medellín ordenó “ofrecerle a las mujeres tratamientos de fertilidad, si era su deseo y si su capacidad reproductiva quedó afectada por las condiciones en las cuales se hicieron los abortos”, le dijo la abogada Mariana Ardila a Confidencial Colombia.
Con dichos precedentes y ante el mismo tribunal, este lunes Women’s Link Worldwide remitió una intervención ciudadana en la que solicitó que se juzgue a los miembros del bloque José María Córdoba de las FARC, acusados por la Fiscalía de forzar a mujeres de sus filas a abortar, por cometer un crimen de guerra y una grave violación a los derechos humanos.
Al respecto, Ardila explicó que hasta el momento solo han denunciado tres víctimas y admitió que en este tipo de procesos “la barrera principal es que a las mujeres les resulta muy difícil denunciar cualquier tipo de violencia sexual (…) razón por la cual hay pocos casos que se lleven a la justicia”.
Por ello, espera que con esta intervención ciudadana se abra “la oportunidad de que con la Jurisdicción Especial para la Paz, podamos conocer la verdadera dimensión del aborto forzado en el conflicto armado colombiano”.
Por su parte María Alejandra Cárdenas, directora legal regional de Women’s Link Worldwide reitera que en el marco de un posible escenario posconflicto “no puede haber paz si no hay verdad, justicia y reparación por los crímenes cometidos contra mujeres y niñas. Todas las formas de violencia sexual perpetradas por cualquier actor son igualmente graves y no pueden quedar en la impunidad”.
Finalmente, el reto más allá del fallo a favor de las víctimas, es garantizar la no repetición y “una de las formas de reparación que pueden existir, es que haya mejor acceso en el país a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en las zonas afectadas por el conflicto armado. Esto quiere decir, que en esas zonas cualquier mujer o niña; tenga la posibilidad de optar por un aborto -si está en las causales legales-, libremente y de forma segura o si es su deseo continuar con la maternidad, no sea obligada a interrumpir la gestación y cuente con todos los servicios de salud para que pueda llevar a término el embarazo de forma segura”, propuso la abogada Ardila.
