Así lo determinó Corte Constitucional y aseguró que la rebaja de pena por estudio o trabajo es ‘un derecho’ y una garantía mínima de dignidad.
En un fallo que se podría considerar trascendental el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, abrió la posibilidad a que las personas condenadas por agresión sexual a menores de 14 años puedan tener la posibilidad de reducir su condena.
De acuerdo con el Código de Infancia y Adolescencia, vigente desde el 2006, quienes cometan delitos contra niños, especialmente los ataques sexuales, no tienen derecho ningún tipo de beneficio judicial o de rebaja de penas. Sin embargo para el magistrado Palacio, la ley debería beneficiar a quienes estén condenados por este tipo de agresiones.
Respecto al tema el Instituto de Bienestar Familiar había solicitado mantener las prohibiciones de beneficios, con el argumento de que una decisión contraria “menoscaba la protección que el ordenamiento jurídico colombiano les otorga de manera prevalente a los niños”.
Este pronunciamiento se hizo al fallar una tutela a favor de un recluso que fue condenado a ocho años de prisión por intento de abuso sexual de un menor de 14 años. Explicó el magistrado que “las autoridades penales deben tener claro que la opción de rebajar la condena no puede ser considerada como un beneficio, sino como un derecho para las personas que están privadas de la libertad, pese a que se trate de delitos contra menores de edad”.
“En un Estado social de derecho fundado en la dignidad humana la redención de pena que reclama el demandante guarda íntima relación con la realización de las garantías mínimas y, puntualmente, con la resocialización del infractor, como fin esencial de la sanción penal”, dice la sentencia, con ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio.
Advirtió que “no se pueden imponer penas ejemplarizantes con el propósito de prevenir que otros cometan los mismos delitos”, y agregó que “está prohibido cercenar las garantías mínimas superiores de la dignidad humana, el debido proceso, la libertad, la igualdad, prevalido de una aparente protección al menor”.
El magistrado, también ordenó al Gobierno Nacional “rediseñar la política criminal que existe actualmente”, al considerar que resulta necesario implementar nuevos programas de resocialización distintos al estudio, el trabajo y el deporte para que internos puedan acudir a la reducción de penas.
