La renuncia de Tomás Gonzáles en medio de la crisis energética ¿Responde a la situación que vive el país en ese sector? O ¿Se debe a la investigación formal en su contra por parte de la Procuraduría? ¿Todas las anteriores?
El presidente, Juan Manuel Santos, anunció la salida de Gonzáles mientras presentaba un nuevo plan de ahorro de energía para evitar apagones. El jefe de Estados comunicó que al frente de la cartera energética, será encargada la ministra consejera de la presidencia, Maria Lorena Gutiérrez.
También en las últimas horas se conoció que la Procuraduría General de la Nación, abrió una investigación disciplinaria formal en contra el exministro de Minas y Energía por la celebración de varios contratos con la firma Connecta.
Caso Connecta
A finales de 2015 el Ministro de Minas, Tomás González, tuvo que salir a explicar ante la opinión pública el tema de los tres contratos y dos adiciones por valor de 6 mil millones de pesos, suscritos entre 2013 y 2015 por el Fondo de Programas Especiales para la Paz y la empresa Connecta SAS, una sociedad que fue creada por él y tres familiares directos, de la cual su esposa es quien preside la compañía.
En repetidas ocasiones González dijo que en octubre de 2010, al comenzar el primer gobierno Santos, él vendió su participación en Connecta. Esa operación no aparece registrada en la Cámara de Comercio, pero sí en el acta número 4 del 14 de febrero de 2011, donde ya no está González y su porcentaje (20%) es asumido por Michael Greiffenstein Ortiz. Lo que no aclaró el ministro en su momento es que el nuevo socio, a quien le vendió, es su concuñado.
Sin embargo, para el senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, la renuncia del ministro de Minas y Energía se dio por la investigación formal que abrió la Procuraduría en su contra por presuntas irregularidades cometidas para acceder al cargo de viceministro en el año 2010.
El congresista del Polo dijo que aunque influyó la crisis energética en el país, la principal razón de su renuncia fueron los negocios de su familia:
“La impresión que yo tengo es que sale por la decisión de la Procuraduría de abrirle investigación por un caso que tiene que ver con una empresa que él constituyó con su esposa; él después dice haberla abandonado y dejársela a su señora, pero al final también termina contratando con esa empresa en una lógica de puerta giratoria entre los negocios privados y los públicos que es inaceptable (…) además de su mal ejercicio en la cartera“, afirmó el senador.
La polémica por el alza de las tarifas de energía
Aunque el reajuste se planteó como algo gradual y diferencial, según estratos sociales, la medida no fue popular entre los colombianos. El incremento fue en promedio de 430 pesos en la factura mensual de los estratos 1 y 2 y de unos de 3.000 pesos en los estratos 5 y 6.
El reajuste fue impuesto debido a la alta severidad del Fenómeno del Niño, pero la situación hoy se agravado por la crisis de las plantas térmicas, que se ha convertido en un detonante del problema actual. La escasez de gas natural ha obligado a las plantas térmicas de generación a utilizar combustibles líquidos, que son mucho más costosos que el gas.
Frente al tema la Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios manifestó: “Nosotros ejercemos inspección, vigilancia y control sobre las tarifas de energía. Hay una reacción general en contra del aumento, pero los usuarios deben entender que el alza ha sido motivada por el fenómeno del Niño, verdadero origen de toda esta crisis energética que está viviendo el país en este momento”.
¿Qué pasó con el ‘Cargo por confiabilidad’?
Pocos colombianos saben que desde hace nueve años pagan un recargo de 50 pesos por consumo de kilowatio-hora, que les han significado a las empresas generadoras un ingreso promedio de 900 millones de dólares anuales.
Ese pago se llama ‘cargo por confiabilidad’ y fue creado para atender a las plantas térmicas y algunas hidráulicas en una situación de crisis como la de hoy. Con esa medida se buscaba garantizar la solidez del servicio de energía.
Durante nueve años se ha pagado constantemente para que llegado este momento de crisis no se sintiera ‘el golpe’, sin embargo, ahora hay que poner más plata porque los 18.5 billones de pesos recaudados, al día de hoy aparentemente no son suficientes.
En diciembre de 2015 en la etapa de planeamiento de la Actuación Especial del Cargo por Confiabilidad, la Contraloría General encontró que dichos recursos no tuvieron un seguimiento exclusivo y detallado, que asegurara la disponibilidad de los activos de generación con las características y parámetros declarados por las centrales de generación dentro de sus obligaciones de energía firme.
Para la Contraloría existió una “presunta falla del Estado en su papel de órgano regulador y arbitral del mercado eléctrico, que no se compadecía con la posibilidad de necesidad real de generación en condiciones hidrológicas críticas”.
Esto permitió que los recursos percibidos por la generadoras por concepto de cargo por confiabilidad, terminaran desnaturalizados para el cumplimiento de su principal objetivo que era la generación en épocas de necesidad actual e inminente, como las que hoy vive el país.
En el informe emitido a finales de 2015, se explica que el Cargo por Confiabilidad está conformado por dos elementos económicos:
1. Una remuneración que se paga por la disponibilidad de los activos de generación y una estructura de costos que garantice el cumplimiento de la energía comprometida que fue asignada a través de una subasta,
2. Un precio de escasez establecido por la autoridad competente, que atiende la estructura de costos de generación en el momento de exigibilidad de la obligación de energía, cuando el precio de la energía en bolsa supere el precio de escasez.
Según cálculos realizados por la Contraloría, la remuneración por la disponibilidad de los activos y estructura de costos llega a 18.5 billones de pesos desde el año 2006 a la fecha, distribuido entre generadores hidráulicos y térmicos, para un cargo equivalente a 1.000 millones de dólares al año, que cubre una demanda de energía de 180GWh/día.
La Defensoría del Pueblo también ha pedido explicaciones sobre qué pasó con el dinero del cargo de confiabilidad. “En este momento estamos enfrentados a un racionamiento”, asegura la delegada para Derechos Colectivos, Martha Alonso. Mientras tanto los colombianos seguiremos esperando a que llueva para que no tengamos que vernos afectados por un apagón. Y ojalá se dé luz sobre cómo se manejó el ‘Cargo de Confiabilidad’ y no nos salgan con que “esa platica se perdió”.
