La Sección Segunda del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, consideró que la sanción disciplinaria de la Procuraduría General contra el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar por presunta participación en política fue “desproporcionada”. El exalcade de Medellín vuelve a la vida política luego de la inhabilidad por 12 años proferida por el Ministerio Público.
El magistrado explicó la discrepancia entre las acciones y lo descrito: “el contraste de la conducta desarrollada por el funcionario y la descripción que está prevista en la ley pues no correspondió, y pues lógicamente se viene un efecto complementario y es la inexactitud en la medida de destitución con inhabilidad y lo que realmente había sucedido”.
Además aseguró que por el modelo de Estado colombiano no permite que nadie está por encima de la ley: “Uno de los grandes logros del Estado neoliberal que nos rige es que no haya inmunidades de poder, el presidente de la República es el ciudadano más obligado por el orden jurídico, los jueces de la República tenemos controles, aquí nadie está por fuera de la ley”.
Asimismo dejó claro que esta decisión no sienta ninguna jurisprudencia para el caso de Gustavo Petro Urrego quien fue destituido e inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos por las irregularidades en la planeación y ejecución del nuevo modelo de aseo en la capital de la República.
Salazar fue sancionado por su supuesta incursión en una violación de la Ley de Garantías al denunciar ante medios de comunicación presuntas irregularidades en la contienda electoral del 2010.
Por otra parte, el procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado declaró que no hay que “dramatizar” la decisión del Consejo de Estado y recordó que situaciones similares se han presentado en el ordenamiento jurídico: “Es frecuente que la jurisdicción contenciosa administrativa que es el juez de los actos administrativos profiera decisiones revocando o modificando las decisiones que en diferente materia se profieran. No es para dramatizar sino que la Procuraduría lo recibe y la acata plenamente”.
A diferencia del magistrado Gómez Aranguren, no descartó que se tome una decisión similar en el caso del exalcalde de Bogotá: “Desde luego todos los actos administrativos tienen control de legalidad, pueden estar incursos en desviación de poder, desconocimiento del derecho de audiencias y defensas, no me extraña la decisión”.
