Según la ONG Human Rights Watch (HRW), amplias evidencias, hasta ahora no releveladas, implican a varios generales y coroneles del Ejército colombiano en ejecuciones extrajudiciales generalizadas y sistemáticas de civiles ocurridas entre 2002 y 2008.
El documento de la ONG estadounidense “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones de civiles”, presenta evidencias que sugieren de manera convincente que numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de “falsos positivos”, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión.
La Fiscalía investiga al menos 3.000 de estos casos, en los cuales tropas del Ejército, presionadas para incrementar el número de bajas en la guerra contra grupos guerrilleros, asesinaron a civiles e informaron que se trataba de muertes en combate. Cientos de soldados de los rangos más bajos han sido condenados, pero apenas algunos coroneles y ningún general lo fueron.
“Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del Ejército serían responsables de estos hechos atroces”, indicó José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la división de las Américas de Human Rights Watch. “No obstante, los oficiales del Ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares”.
El análisis de datos de la Fiscalía efectuado por Human Rights Watch indica que los fiscales han identificado más de 180 batallones y otras unidades tácticas—adscritos a casi todas las brigadas y en todas las divisiones del Ejército en ese momento—que presuntamente cometieron ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Diversas evidencias presentadas en el informe muestran que comandantes de las brigadas y unidades tácticas responsables de gran cantidad de ejecuciones—además de los entonces máximos mandos del Ejército—al menos sabían o deberían haber sabido sobre estos delitos y, por lo tanto, podrían ser penalmente imputables debido a su responsabilidad de mando.
Human Rights Watch también obtuvo grabaciones y transcripciones de testimonios prestados a la Fiscalía por militares implicados en falsos positivos que señalaron que sus superiores, incluidos generales y coroneles, presuntamente conocían, planificaron, ordenaron o facilitaron la comisión de estos crímenes.
Algunos de los oficiales del Ejército que comandaron las 11 brigadas que se analizan más detenidamente en el informe, posteriormente se convirtieron en los mandos militares de mayor jerarquía en Colombia. Por ejemplo, datos proporcionados por la Fiscalía indican que estaría investigando:
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Al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General retirado Mario Montoya estuvo al mando. Montoya fue comandante del Ejército Nacional de 2006 a 2008;
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Al menos 113 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General (r) Óscar González Peña estuvo al mando. González Peña fue comandante del Ejército Nacional de 2008 a 2010;
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Al menos 28 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Cuarta Brigada durante el período en el cual el General Juan Pablo Rodríguez Barragán estuvo al mando. Como actual comandante general de las Fuerzas Militares, Rodríguez Barragán es el oficial militar de mayor jerarquía en Colombia, y supervisa los tres cuerpos de estas fuerzas, incluido el Ejército; y
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Al menos 48 presuntas ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados de la Novena Brigada durante el período en el cual el General Jaime Lasprilla Villamizar estuvo al mando. Lasprilla Villamizar es actualmente comandante del Ejército Nacional.
El informe se elaboró a partir del análisis efectuado por Human Rights Watch de datos de la Fiscalía inéditos hasta este momento; expedientes penales; testimonios de testigos, en gran parte hasta hoy no publicados; grabaciones de conversaciones mantenidas por el Teniente Coronel (r) Robinson González del Río, las cuales fueron ordenadas judicialmente y efectuadas por autoridades judiciales tras su detención por falsos positivos; así como entrevistas con fiscales, testigos, familiares de víctimas y sus abogados, entre otras fuentes.
“Los fiscales enfrentan obstáculos sustanciales que impiden que haya avances en sus casos, y que incluyen desde represalias contra testigos clave hasta falta de cooperación por parte de autoridades militares”, observó Vivanco. “Y numerosos—posiblemente cientos—de casos de falsos positivos continúan en la Justicia Penal Militar, donde prácticamente se garantiza su impunidad”.
Human Rights Watch documentó amenazas, ataques y actos de hostigamiento contra soldados que han declarado contra sus superiores en casos de falsos positivos. El 27 de octubre de 2014, Nixón de Jesús Cárcamo, que había confesado y aportado información a la Fiscalía sobre la presunta participación de sus superiores en falsos positivos, fue asesinado en el centro de reclusión militar de la Décima Primera Brigada.
Diversos fiscales dijeron a Human Rights Watch que es común que militares se resistan a remitir documentos del Ejército que son trascendentales para sus investigaciones, como aquellos donde se ordenaban las supuestas operaciones en las cuales se produjeron las ejecuciones y se autorizaban pagos a informantes en los casos.
Por otra parte, la ONG examinó grabaciones de audio ordenadas judicialmente de llamadas telefónicas mantenidas por el Teniente Coronel (r) González del Río con un juez militar y un hombre que parece ser un coronel vinculado con una oficina de alto nivel dentro de la Justicia Penal Militar. Ambos hombres le ofrecieron a González del Río su ayuda, luego de que fuese detenido por falsos positivos, lo cual aporta mayores evidencias sobre la falta de independencia y de credibilidad del sistema de justicia militar. El coronel parece ofrecer ayuda para que el caso de González del Río se transfiera de la justicia penal ordinaria a la Justicia Penal Militar, y manifiesta que espera que pronto concluya su detención.
También el informe señala que hubo deficiencias en la Fiscalía, como un volumen de expedientes abrumador a cargo de fiscales y la distribución de casos de una misma unidad militar a distintos fiscales, lo cual obstaculiza la posibilidad de investigaciones contextualizadas que son fundamentales para el juzgamiento de responsables de alto rango.
*Con información de Human Rights Watch
