El movimiento Amnistía Internacional, reveló un informe en el que señala que los gobiernos han debilitado de manera progresiva la protección de los derechos humanos. Esto, fruto de la acción deliberada para atacar, abandonar o no financiar las instituciones. Frente a este panorama, advierten que, la Jurisdicción Especial para la Paz, parece más una amnistía y no un proceso en el que haya verdad, justicia, reparación; y la garantía de no repetición.
Según el estudio, en 2015 los gobiernos han infringido “descaradamente” el derecho internacional en su ámbito nacional: más de 122 Estados ejercieron la tortura u otros malos tratos, y 29 o más, obligaron ilegalmente a personas refugiadas a retornar a países donde corrían peligro. En al menos 19 países, el gobierno o grupos armados cometieron crímenes u otras violaciones de las “leyes de la guerra”.
Sobre América Latina y el Caribe, el informe señala que, los niveles de violencia letal en toda la región siguen siendo extremadamente elevados. En nuestro hemisferio están 8 de los 10 países más violentos del mundo, y en cuatro de ellos —Brasil, Colombia, México y Venezuela— se cometen uno (20%) de cada cuatro homicidios violentos a nivel mundial.
Para el caso de Colombia, esta organización advierte que la Ley de Amnistía, acordada el pasado 23 de septiembre de 2015 por el Gobierno y las FARC, favorece “a los acusados de cometer delitos políticos y conexos”. Pese a que todavía no se había acordado una definición de los actos que constituían los “delitos conexos”, quedan excluidas de la amnistía las personas declaradas culpables de perpetrar delitos graves”.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, le dijo a Confidencial Colombia, que en el marco de las violaciones a los derechos humanos a nivel global, Colombia representa un capítulo importante para la región, por el momento histórico que vive.
Colombia es escenario del escrutinio de la comunidad internacional, sobre todo, en cómo se va a castigar a los culpables que violaron los derechos humanos y cómo se van a reparar a las víctimas.
Para Guevara, lo que se publicó el año pasado sobre Justicia Transicional, tiene en alarma a la región por una posible amnistía que permita que las personas afectadas por la guerra no sean las protagonistas de estos diálogos de paz. La Directora de esta organización, advierte que en el documento hay una “ambigüedad de la terminología y de las definiciones en el tema de las penas alternativas, lo que hace parecer más una amnistía frente a graves violaciones de derechos humanos”.
Sin embargo, aclara que la región confía en que el Estado colombiano asuma su responsabilidad internacional de cara a los derechos humanos. “Estamos a la expectativa de ver el acuerdo final, y esperemos que sea firmado el 23 de marzo como lo ha anunciado el gobierno, y sobre todo, que en la implementación de los Acuerdos, esté la voz de las víctimas”.
Frente al escenario de la implementación, y los antecedentes que ha tenido el país en el tema de posguerra, (en el caso del paramilitarismo cuando se firmó el tratado de Justicia y Paz, esto desencadenó una serie de violaciones a los derechos humanos a través de las bandas criminales). Guevara dice que uno de los síntomas más graves que se sienten ante estas violaciones, es que el Estado sigue sin poner a disposición judicial a la inmensa mayoría de los sospechosos de responsabilidad penal.
Por otra parte, el informe de Amnistía Internacional, dice que se ha visto un deterioro en la situación que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos. Por tanto, reitera que Colombia “debe tener un normatividad que no solo se alcance con un acuerdo de paz, sino con la creación de un aparato que debe garantizar que los derechos estén en el centro de cualquier iniciativa”.
Según el estudio, hasta el 1 de diciembre, la Unidad de Víctimas había registrado 7,8 millones de víctimas del conflicto, entre las que había casi 6,6 millones de víctimas de desplazamiento forzado, más de 45.000 víctimas de desaparición forzada y aproximadamente 263.000 homicidios relacionados con el conflicto; la inmensa mayoría de las víctimas son civiles.
Finalmente, Erika Guevara, manifiesta que este proceso de paz está marcando un hito importante de la historia reciente de América Latina, por eso, cree que es importante ver otras experiencias para generar buenas prácticas, y dejar otras en la implementación de los acuerdos.
“Tenemos una historia reciente en toda la región que nos permite, no solo guiarnos por los estándares internacionales, sino de esas experiencias que ha habido en la región, como por ejemplo, los procesos que hubo sobre las dictaduras en Chile y Argentina, o conflicto armados como el de Guatemala. Así como malas prácticas con la ley de amnistía de El Salvador, que dejó a miles de víctimas sin justicia y sin la garantía de que estos hechos no serán repetidos”.
