El procurador general, Alejandro Ordóñez, pidió a la CIDH no conceder las medidas cautelares solicitadas por el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, porque ello tendría ‘consecuencias dramáticas’ para el orden jurídico colombiano.
El procurador se reunió con Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien aseguró que el organismo no tiene un calendario establecido para tomar una decisión y seguirá estudiando el caso.
Ordoñez, se mostró ‘satisfecho’ al salir de la reunión, pero afirmó que en caso que la CIDH concediera las medidas de protección a Petro, y ‘en el entendido de que fuesen por la ausencia o la carencia de competencias del procurador para imponer sanciones inhabilitantes a los elegidos popularmente’, esa decisión ‘tendría dramáticas consecuencias para el ordenamiento jurídico’ en Colombia.
‘Eso sería generar no solamente un fuero de inmunidad, sino un fuero de impunidad respecto a los funcionarios públicos elegidos popularmente cuando estén incursos en irregularidades administrativas o en conductas relacionadas con la corrupción’, continúo.
Al contrario, Álvarez Icaza enfatizó en que el propio pueblo colombiano ‘ha determinado que la Comisión forma parte del derecho interno, no es que sea una institución ajena al derecho interno’.
‘La Comisión puede tomar una decisión antes porque considera, inclusive en los términos del propio orden constitucional colombiano, que eso es factible’, añadió Álvarez Icaza.
