Nuevas tarifas del combustible gas dejaron contentos a los industriales, pero inconforme al sector residencial.
Está demostrado que cada vez que los líderes gremiales, la clase dirigente y los voceros naturales de la Región Caribe asumen la defensa de proyectos colectivos comunes, su voz se hace sentir en los núcleos de poder del Gobierno central y casi siempre logran que las aguas que se habían salido de madre vuelvan a su cauce.
Así acaba de suceder con las tarifas del gas natural, que se redujeron en un 18 por ciento para el sector industrial, luego de que tanto el Gobierno como la Creg accedieran a darle un peso del 35 por ciento al precio internacional del petróleo WTI y un 65 por ciento al Índice de Precios al Productor de Estados Unidos, dentro de la nueva fórmula para actualizar el precio del combustible.
La fórmula acordada se aplicará en los contratos de largo plazo vigentes. La iniciativa hizo el ‘milagro’ de reducir de forma significativa las tarifas del gas industrial, lo que le permitirá a la Región Caribe dinamizar su economía y recuperar la competitividad, afectada con la anterior fórmula –sustentada en la Resolución 089 de la Creg– que establecía una enorme inequidad entre los precios del gas de la Costa comparados con los del interior del país.
El ministro de Minas y Energía, Tomás González, quien en buena hora y con mucha disposición entendió la postura de la clase dirigente costeña y su inconformismo con la situación que se estaba presentando, expresó su satisfacción con lo acordado. “Con este peso del 35 por ciento –dijo González– se abre la posibilidad para que las diferencias de precios que existen hoy, entendiendo esas diferencias como la suma del gas y el transporte entre Barranquilla y Bogotá, se cierren”.
La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa –quien estuvo presente en la reunión donde se logró el acuerdo– destacó que el mismo permitirá mantener la competitividad de la Región Caribe.
Los voceros gremiales y empresariales también se expresaron en el mismo sentido, al igual que los congresistas que asistieron a la reunión, entre ellos los senadores Álvaro Ashton, José David Name, Jaime Amín y Efraín Cepeda, entre otros.
Hay que destacar la posición asumida por los gremios de la Región y sus dirigentes políticos, además de medios de comunicación, quienes dieron muestras de solidaridad y compromiso con el bienestar de toda la comunidad, pues lo que es bueno para unos debe ser buenos para todos.
No obstante, es aquí donde se presenta el gran lunar del acuerdo, pues lo aprobado dejó por fuera a las pequeñas industrias, al comercio y a los sectores residenciales, que si bien es cierto no consumen el volumen de gas de los industriales, sí constituyen un amplio sector de la población, que se vería afectada por un incremento en el precio de las tarifas.
“Razón tienen los comerciantes, pequeños industriales y usuarios domiciliarios al quejarse, pues el acuerdo debió beneficiar a todos y no solo a una parte”, me dijo un senador con quien hablé, luego de que se diera a conocer lo acordado. “Hay –sin duda– una alta dosis de injusticia. Eso no se puede negar”, me comentó un dirigente gremial, sobre el mismo tema.
La razón que esgrimen tanto el Gobierno como la Creg –fundamentalmente– para haber dejado por fuera de los beneficios a los llamados usuarios regulados, es la de que –en materia de tarifas– la diferencia de precios entre la Región Caribe y el resto del país no es tan marcada, como sí acontecía con las pagadas por los industriales. De hecho, en algunos casos hay ciudades donde el precio del gas domiciliario es más costoso que en la Costa, como ocurre con Cali.
El nuevo escenario obliga a todas las partes, especialmente a los congresistas de la Región Caribe –que tienen interlocución con el Gobierno Nacional y participan en varias de sus decisiones–, a buscar una solución que permita acabar con la nueva injusticia, pues tiene muy mala presentación que las tarifas del gas bajen para un sector muy importante de la economía y suba para los llamados usuarios regulados, quienes terminaron pagando el pato de los acuerdos. Para decirlo en plata blanca: esta vez la pita se partió por el lado más delgado. Punto. Lo importante es que todas las partes tienen la disposición para enderezar el nuevo entuerto. ¿Quiénes ganaron y quiénes perdieron con el arreglo? ¿Qué es lo bueno, lo malo y lo feo del mismo?
Lo bueno: unidad regional pasó la prueba de fuego
Son muy pocas las veces que la clase dirigente, los voceros de la clase política, representantes de los gremios y los medios de comunicación de la Región Caribe hacen causa común para defender los intereses colectivos de la Costa. Esa es una verdad de a puño. Por lo general ocurre lo contrario: cada sector lo que quiere es llevar agua para su molino. Pero el incremento desproporcionado en las tarifas del gas generó una solidaridad y un compromiso de tal magnitud que el Ministerio de Minas y la Creg debieron reconsiderar las medidas anunciadas y ajustar los precios del combustible a una realidad que nos permite –como Región– dinamizar la economía y ser más competitivos nacional e internacionalmente. Cuando priman los intereses colectivos la Costa se hace sentir y escuchar en los círculos de poder del Gobierno Nacional. En esta oportunidad, senadores, representantes a la Cámara, dirigentes gremiales y medios de comunicación se pusieron la misma camiseta y defendieron los intereses de la Región Caribe. “El nivel de sobreprecios definitivamente pone a la Región en una posición de competitividad muy desventajosa y muchas empresas nos han manifestado que de no corregirse habrá recortes en su planta de personal, y otras nos han dicho que han comprometido sus planes de expansión”, dice uno de los apartes de la carta que Alejandro Char, Eduardo Verano y Edgardo Sojo González enviaron al presidente Juan Manuel Santos, en la que pedían su participación directa en la solución del problema generado por “una injustificada inequidad en los precios del gas natural”. En esta oportunidad la unión hizo la fuerza.
Lo malo: incremento de las tarifas a residenciales
Aunque el Gobierno y la Creg tengan argumentos para justificar el incremento de las tarifas de los usuarios regulados, como el sector residencial, comercial, hotelero y pequeños industriales –que consumen menos de 85 mil metros cúbicos de gas al mes–, lo cierto es que aumentarles los precios a dichos usuarios en momentos en que se bajaban las tarifas de los industriales es –en el mejor de los casos– inoportuno. De acuerdo con el anuncio del Gobierno, el aumento se mantendrá como lo establece la Circular 113 de 2015 de la Creg, ello significa con el tope de la inflación. Si ya se logró la reducción en las tarifas del gas para el sector industrial, tiene muy mala presentación que no ocurra lo mismo con los pequeños industriales, comerciantes y el sector residencial. Si ese entuerto no se arregla, entonces el mensaje que se envía es que la clase política y los empresarios solo defienden sus propios intereses y no los del resto de la población. Por eso hacen bien los senadores y representantes de la Región Caribe en anunciar que trabajarán de forma conjunta para lograr también la reducción de las tarifas en los sectores que siguen afectados.
Lo feo: ¿qué hacer con la Creg?
A diferencia del ministro Tomás González, que terminó por entender la gravedad de la situación en la Región Caribe, debido al incremento injustificado y desproporcionado de las tarifas de gas natural, los funcionarios de la Creg mantuvieron hasta último momento una actitud hostil hacia la Costa. Punto. Ni siquiera en el Congreso de la República, adonde fueron citados, dejaron de lado su soberbia y su altanería con la Región, hasta el punto que su director afirmó, sin que le temblara la voz, que “si tuviera que subir de nuevo las tarifas lo volvería a hacer”. Semejante indolencia no se compadece con el drama que afrontan a diario quienes deben hacer de tripas corazón para pagar las tarifas del gas. Los tecnócratas –si es que el director de la Creg lo es– también deben tener una enorme sensibilidad social, mucho más en el Gobierno de la “prosperidad para todos”. Ya es hora de que la Región Caribe se haga sentir en la Creg con funcionarios de primer nivel y comprometidos con nuestra suerte y no con la suerte del padrino político del funcionario designado.
Lo alentador: tarifas residenciales, a consejo de ministros
Tanto el ministro de Minas, Tomás González, como la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa, se comprometieron a llevar el asunto de las tarifas del gas que pagan los usuarios regulados al consejo de ministros, para que el alto Gobierno se ocupe del mismo y busque salidas justas y equitativas a la nueva situación. La Región Caribe espera que dicho compromiso se cumpla y que los usuarios que se han visto perjudicados sean beneficiados con las nuevas medidas. Cualquier incremento en la tarifa del gas –por muy bajo que sea– termina afectando a miles de hogares, cuya condición social y económica es de absoluta vulnerabilidad. Igual sucede con el pequeño industrial, que con grandes sacrificios aspira a sacar adelante su microempresa, como ocurre –por ejemplo– con cientos de panaderos, cuyo margen de utilidad es ínfimo. Ese eslabón débil de la cadena productiva debe ser estimulado y fortalecido. En ellos también deben pensar el Ministerio de Minas y la Creg.
