Con el paro campesino en el Catatumbo y el inicio de las manifestaciones en el sector minero, la situación de orden público en el país es una bomba de tiempo para el gobierno colombiano.
La Policía reportó que hasta el momento se encuentran detenidas 32 personas, 8 de ellas menores de edad en medio del paro minero. Asimismo, anunciaron que no se han avistado grupos ilegales infiltrados en las protestas. De igual manera, se desbloqueó la vía que comunica a Manizales con Medellín, que permaneció taponada por los manifestantes.
Los mineros artesanales que se acentaron en puntos estratégicos de los departamentos de Córdoba y Antioquia, han sostenido enfrentamientos con la fuerza pública, en las últimas horas.
Con dos tractomulas incineradas y otros vehículos de carga obstaculizando la vía, cerca de dos mil personas se concentraron en las carreteras que conectan a los municipios locales con el puerto de Buenaventura.
La orden emitida por el Presidente Juan Manuel Santos, de no permitir bloqueos en las carreteras del país, “se va a seguir al pie de la letra”, según lo afirmaron en La W Radio, el gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo y Carlos Botero, gobernador de Risaralda, frente a los taponamientos realizados por el paro minero.
“Hasta el momento, cuatro policías resultaron heridos por enfrentamientos con los manifestantes en la vía que comunica a Pereira y Medellín”, aseguró el gobernador Botero.
Por su parte, Sergio Fajardo indicó que las vías de Caucasia, Buriticá y Amagá, son las más afectadas por el paro y reveló que “hay un grupo de jóvenes encapuchados a los que personas inescrupulosas les pagan para enfrentarse a la Policía y generar alteraciones del orden público”,
Un total de cinco mil policías serán trasladados a los puntos donde se concentran una mayor cantidad de manifestantes, ubicados en los municipios de Caucasia, Zaragoza, Amagá en Antioquia; Istmina y Quibdó, en el Chocó y Buenaventura en el Valle del Cauca.
El Presidente Juan Manuel Santos, aseguró que el Gobierno no pretende “acabar con la minería artesanal” pero que los objetivos del mandato y el orden social son prioridad.
“La minería criminal está acabando con nuestros ríos, está acabando con nuestro medio ambiente, está acabando con nuestras cuencas, está acabando con nuestro país en una forma devastadora. Esa minería criminal sirve para el financiamiento de grupos violentos que secuestran y extorsionan” , declaró el mandatario.
Piden mesa de diálogo
Varios sectores sociales han hecho un llamado al Gobierno nacional para que no desfallezca y se siente a dialogar con los manifestantes de las diferentes regiones del país.
Es el caso del Representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien insistió en que para resolver la difícil situación humanitaria y social el Ejecutivo debe instaurar un diálogo social nacional que incluya voceros del paro en la región de Catatumbo, voceros del paro minero y de otros sectores inconformes, de manera paralela a las conversaciones de paz en La Habana.
“No basta con un diálogo en La Habana, es necesario un diálogo social paralelo como se ha vivido en otros procesos de paz, como es el caso de Irlanda del Norte. Al tiempo que se habla con los actores armados para la terminación del conflicto, se tiene que dialogar con las comunidades afectadas por la desigualdad, la pobreza y el olvido estatal en las regiones apartadas del país”, precisó Cepeda.
El congresista advirtió que la respuesta del Gobierno a las protestas no puede ser la estigmatización y el uso desproporcionado de la fuerza, sino que debe ser la atención a las necesidades que tienen estas poblaciones en materia de inversión en programas de desarrollo, infraestructura, educación y salud.
Para el representante, la mesa nacional para el diálogo social debe empezar por tratar las problemáticas agraria y minera, y luego extenderse a otros aspectos que afligen a muchas otras comunidades rurales.
37 días de protestas en el Catatumbo
Tras una reunión entre los miembros de la bancada legislativa de Norte de Santander y funcionarios del Alto Gobierno, este miércoles se propuso designar un consejero fijo para el Catatumbo.
Éste consejero tendrá la tarea de supervisar el cumplimiento de lo que se establezca en las negociaciones venideras. La propuesta fue recibida con buenos ojos desde el Gobierno, sin embargo la crisis humanitaria sigue agravándose.
