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Bajo la lupa acuerdo de precios en Argentina


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Militantes de agrupaciones políticas y sociales del oficialismo en Argentina comenzaron ya a vigilar que se cumpla en los supermercados un acuerdo para congelar a partir de hoy y por cinco meses los precios de medio millar de productos, informaron fuentes oficiales.

Según informó el Gobierno en su sitio web, cerca de 3.000 voluntarios vigilan los precios como parte de la campaña “Mirar para cuidar”, lanzada por la presidenta argentina, Cristina Fernández, el pasado miércoles.

La campaña tiene por objetivo controlar que se respete un acuerdo entre los supermercados y el Gobierno para mantener congelados los valores de 500 productos de consumo básico, que comenzó a regir hoy y es continuidad de otro similar que estaba en vigencia desde principios de febrero último.

El convenio, suscrito con once cadenas de supermercados, regirá hasta finales de octubre próximo, cuando se celebrarán elecciones de medio término en Argentina.

Si bien los inspectores de la Secretaría de Comercio Interior continuará con sus labores de fiscalización, la campaña lanzada por Fernández suma a la vigilancia miembros de agrupaciones políticas y sociales afines al oficialismo, lo que ha despertado duras críticas por parte de la oposición.

“La articulación entre los voluntarios que relevarán los precios y las autoridades nacionales permitirá tener un seguimiento cotidiano del acuerdo de precios”, dijo el Gobierno en su sitio web.

Los consumidores también pueden denunciar cualquier incumplimiento del acuerdo de precios a través de una línea telefónica gratuita que comenzó a operar hoy.

En un año que estará marcado por las elecciones legislativas de octubre próximo, Fernández lanzó esta campaña en un contexto de presión inflacionaria.

Según cifras oficiales, los precios al consumidor en Argentina subieron en abril un 10,5 % frente al cuarto mes de 2012, pero para consultores privados el crecimiento real registrado en ese lapso fue del 23,67 %, porcentaje este último cercano a las subas salariales que el Gobierno convalida en las negociaciones en curso entre sindicatos y empresas.

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