La Asociación de Bananeros -Augura- se pronunció frente a la decisión de la Fiscalía de declarar como crimen de lesa humanidad la financiación a los grupos paramilitares que operaron en la región de Urabá.
Según Augura, “afirmar equivocadamente que los bananeros colombianos patrocinan a los paramilitares pone en riesgo no solamente a los más de 22.000 empleos directos, a los más de 120.000 indirectos y a la economía de toda una región, sino que además genera un gran daño al comercio exterior en Colombia”.
Asimismo, el gremio de Bananeros manifiesta que apoyaran y colaborarán con las autoridades en las investigaciones que se adelanten con el fin de conocer la verdad de lo que ocurrió en la región.
En las últimas horas la Fiscalía determinó declarar crimen de lesa humanidad financiación de terceros a grupos paramilitares.
La decisión se tomó después del proceso iniciado como consecuencia de la compulsa de copias que se hizo por parte de la entonces Unidad Nacional para la Justicia y la Paz, hoy Dirección Nacional de Fiscalía Especializada de Justicia Transicional, de la versión libre rendida por el postulado Raúl Emilio Hasbún Mendoza, conocido con los alias de Pedro Bonito o Pedro Ponte, excomandante del extinto Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananero de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia.
Este es el comunicado emitido por el gremio de los bananeros:
En relación con la resolución proferida por la Fiscalía General de la Nación, mediante la cual declara delito de Lesa Humanidad la conducta de concierto para delinquir agravado y señala un posible compromiso de empresarios bananeros en la financiación de grupos armados ilegales de autodenfensas, Augura se permite informar:
1. Respetamos la decisión de la Fiscalía General de la Nación, esperamos que las investigaciones adelantadas logren establecer realmente las verdaderas responsabilidades sobre la financiación de los grupos armados ilegales, no sólo en Urabá, sino en todo el país.
2. Desde el gremio, apoyaremos y colaboraremos con las autoridades en las investigaciones que se adelanten con el fin de conocer la verdad de lo que ocurrió en la región.
3. Afirmar equivocadamente que los bananeros colombianos patrocinan a los paramilitares pone en riesgo no solamente a los más de 22.000 empleos directos, a los más de 120.000 indirectos y a la economía de toda una región, sino que además genera un gran daño al comercio exterior en Colombia.
4. En relación con los señalamientos sobre supuestos patrocinios de parte de empresarios bananeros a grupos de autodefensas, los empresarios agremiados a través de Augura, manifestamos que siempre hemos actuado conforme a la ley y a la institucionalidad.
5. Por más de 20 años Urabá fue azotada por el conflicto armado, tanto guerrilla como paramilitares sembraron el terror en la región y dejaron más de 3 mil muertos y miles de personas desplazadas. Sin distingo de condición social, la región sufrió la violencia descarnada que se ensañó con niños, jóvenes, trabajadores de las fincas bananeras, transportadores, empresarios, comerciantes, entre otros.
6. A pesar de tan difícil situación, nada justifica las actuaciones de grupos armados al margen de la ley, vengan de donde vengan. Por el contrario, condenamos firmemente a aquellos que hayan pretendido hacer justicia con sus propias manos.
7. Aclaramos que durante esta dura etapa que vivió la región, los urabaenses nos vimos obligados a ser parte de la estrategia de defensa y seguridad promovida por el Gobierno Nacional, a través de las Cooperativas de Seguridad y Vigilancia (Convivir). Éstas, organizaciones creadas, fomentadas y apoyadas por los gobiernos local, regional y nacional, e incluso por organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, que vieron con buenos ojos la creación de una red de vigilancia que permitiera combatir a todos los actores armados ilegales que azotaban la región.
8. Bajo la presión social y la urgencia de acciones que permitieran salir de la crisis, los empresarios bananeros nos vimos prácticamente obligados a hacer aportes a las Convivir, que permitieran apoyar la compra de equipos y herramientas para las labores de vigilancia. Las Convivir estaban legalmente constituidas y vigiladas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Dichos aportes están debidamente documentados, mediante el debido proceso de contabilidad y auditoría, pues se hicieron bajo el marco de la ley y ante los ojos de las autoridades. Una vez fueron desactivadas retiramos nuestra participación en las mismas.
9. Si en algún momento estos aportes fueron desviados hacia grupos armados ilegales, no puede endilgarse la responsabilidad de estos hechos a los empresarios que de buena fe, aportaron recursos para una estrategia creada y supervisada por las autoridades.
10. De ser esto cierto, y como al parecer así lo estaría estableciendo la Fiscalía General de la Nación, pedimos que caiga todo el peso de la ley a los responsables de desviar estos recursos que terminaron en manos criminales.
11. Tanto trabajadores como empresarios de la industria bananera fuimos víctimas por más de 30 años de la violencia que sacudió al Urabá. Exigimos, como lo hemos venido haciendo durante todo este tiempo, que se haga justicia y que se esclarezcan todos los hechos que mancharon de sangre y dolor nuestra querida región.
