Bogotá amaneció camuflada. El presidente Juan Manuel Santos ordenó militarizar la capital y dejó abierta la posibilidad para que se actúe de igual manera en cualquier zona del país que sea necesario. La fuerza militar que el mandatario dispuso suma unos 50.000 hombres, los cuales estarán encargados de apoyar a la “Policía en la movilidad de las carreteras”.
Con las declaraciones del presidente Santos, el paro pasó de ser a una movilización “inexistente” a tener que involucrar al 20 por ciento de las Fuerzas Militares para vigilar el desarrollo de las marchas. De la misma manera, el mandatario anunció que los aviones de la Fuerza Pública están a disposición para realizar traslados y garantizar el abastecimiento de alimentos.
El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, confirmó que en horas de la noche del día jueves le solicitó al Gobierno Nacional el apoyo del Ejército a la Policía en la capital.
Alfredo Rangel, analista político y director del Centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, aseveró que esta decisión no es la correcta: “Es una decisión equivocada tratar de usar las Fuerzas Militares para solucionar un problema que tiene raíces económicas y sociales de fondo”.
Para el analista, además de ser una medida equivocada, es peligrosa: “Las Fuerzas Militares no están ni entrenadas ni equipadas para contener motines. Son fuerzas letales para combatir enemigos armados”.
A su vez, Rangel cree que esta disposición “es una expresión de la manera desesperada como el presidente trata de controlar una situación que se le salió de las manos”.
Para el exsecretario de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá, Héctor Riveros, la militarización de Bogotá es algo que no hay que darle tanta trascendencia: “No hay que darle mayor dimensión. Creo que la decisión del Presidente es un poco más aparente que real, en el sentido que cualquier disposición que se haya tomado es de manera transitoria. En segundo lugar, es algo rutinario ya que cuando la Policía está desbordada, ellos mismos piden apoyo operacional al Ejército. La conclusión es que el lunes ya no va a ver militares en Bogotá”.
Respecto a si fue una buena solución, Riveros cree que es más “espuma” lo que se habla. “Me parece no solamente bien, sino absolutamente normal. No creo que los militares se vayan a quedar en las calles de Bogotá. Hoy están tratando de monitorear el coletazo de la protesta de ayer”.
Por otra parte, fue radicado ante la Procuraduría una queja disciplinaria para que se investigue al ministro de defensa, Juan Carlos Pinzón; el director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino y el director del Escuadrón Móvil Antidisturbios, coronel Rafael Méndez por el abuso de autoridad en contra de los manifestantes. La acción judicial fue interpuesta por los abogados Jorge Molano y Germán Romero
Dentro de la queja se argumenta que durante las manifestaciones se han presentado graves hechos de violaciones a la vida, integridad y libertad. Además de estar vulnerando los derechos fundamentales de las persona, por lo que presentaron elementos materiales probatorios que, según los abogados, lo demuestra.
