Durante todo el 2014 diferentes organizaciones como la Onu y la Human Rights Watch han denunciado la cruda situación humanitaria que vive el puerto más grande del país. Según el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo el fin de año no es el mejor.
La genialidad de ser el puerto más importante ubicado sobre el Océano Pacífico por donde entra y sale el 60% de la economía del país, contrasta con la situación de violencia que viven los habitantes de Buenaventura y con el número cada vez mayor de desplazados indígenas que están llegando a la ciudad a buscar un refugio.
Apenas comenzando este año, exactamente en el mes de marzo la organización internacional Human Rights Watch, una de las más importantes en el mundo dedicada a defender y proteger los derechos humanos denunció la situación de Buenaventura como una de las más alarmantes en el país.
El informe que estuvo basado en 70 entrevistas a los habitantes, reveló impunidad, falta de ayuda humanitaria y un silencio impuesto por los victimarios como los principales problemas que vive la comunidad.
Horrores como el desplazamiento forzado, el desmembramiento de cuerpos y la convivencia de la policía con grupos criminales armados que actúan en la región fueron denunciados por la organización.
La HRW atribuyó dichos crímenes a grupos como los Urabeños y los Rastrojos, dos de las principales bandas criminales que actúan hoy en el territorio nacional. Además señaló la similitud de las prácticas de éstos con las de las AUC que aún tienen continuidad en territorios como Buenaventura.
“Algunos residentes indican haber visto en sus barrios policías reunirse con integrantes de grupos sucesores de paramilitares, y debido a ello presumían que miembros de la Policía actúan en connivencia con tales grupos”, dijo en su momento HRW.
La organización hizo recomendaciones en ese momento al presidente de la República, como la necesidad de la permanencia ininterrumpida de la Policía, la creación de una comisión independiente que evalúe la desaparición y la detenga y que asegure de “forma inmediata” la asistencia humanitaria a los desplazados.
Casi diez meses después, a punto de finalizar este 2014, reflejando la falta de respuesta a estas recomendaciones, se pronunció la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios Colombia, denunciando la situación de 414 indígenas desplazados entre el 27 y el 29 de noviembre del resguardo Burujón, Unión Agua Clara y Unión Basalito, litoral del San Juan – Chocó, al casco urbano del municipio de Buenaventura.
Dicha denuncia estableció que las comunidades se desplazaron debido a frecuentes combates entre la Infantería de Marina y grupos armados no identificados. Los indígenas se alojan en el coliseo de Buenaventura, sitio que no está acondicionado para este fin y no cuenta con condiciones de seguridad.
Ahora es la Defensoría del pueblo la que levanta su voz. Jorge Armando Otálora Gómez, Defensor del Pueblo corroboró de primera mano la situación crítica que enfrentan cerca de 430 personas desplazadas, e hizo un nuevo llamado a los gobiernos Nacional, Departamental y Municipal para que intensifiquen la ayuda humanitaria de urgencia.
Las familias, que se encuentran alojadas de manera provisional en el Coliseo el Cristal, le han informado al organismo dificultades en materia de alimentación, acceso al agua potable y acceso a la atención en salud, particularmente de los niños y niñas que han registrado enfermedades respiratorias y digestivas.
Durante una reunión en el Puerto sobre el Pacífico con funcionarios de la Presidencia de la República para hacerles seguimiento a los compromisos adquiridos por el Gobierno con las comunidades, el Defensor Otálora Gómez destacó que con este último, ya son 9 casos de desplazamientos masivos registrados durante el año con un total de 2.007 personas afectadas.
Estos desplazamientos son generados particularmente por el acoso de que son objeto las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan las riveras del río San Juan en el sur del Chocó y noroccidente del Valle, lo cual les ha generado estar en permanente confinamiento.
Las intimidaciones y hostigamientos de diferentes grupos ilegales particularmente Farc, ELN y Los Rastrojos mantienen en estas condiciones a 19 comunidades indígenas y afrocolombianas.
La Defensoría del Pueblo, al igual que la Onu y la HRW, insistió una vez más en la necesidad de otorgar ayuda humanitaria de emergencia por parte de la Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, por cuanto las comunidades no tienen acceso a alimentos, víveres y medicamentos.
A pesar de ser una situación que se ha venido denunciando desde que empezó el año, la acción del Estado no ha sido efectiva y por eso la Defensoría del Pueblo hace un nuevo llamado de atención esperando mitigar la cruda realidad que vive hoy uno de los principales puertos del océano pacífico y nuestro más importante canal económico.
