Un juez de control de garantías de Medellín, dentro de la investigación por irregularidades en la titulación de terrenos baldíos en Antioquia, impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria contra cinco funcionarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y un particular.
Los funcionarios cobijados con la decisión judicial son José Miguel Osorio Ruiz, Marcela Orrego Valencia, Conrado Augusto Caro, Hilda Esther Contreras Lagares y Elkin Emilio Tabares y la ciudadana Doris Amparo Peña Restrepo a quienes la Unidad Nacional Anticorrupción le imputó cargos por Peculado, prevaricato y falsedad.
La investigación se inició por denuncia del propio Incoder y en ella se pusieron en conocimiento una serie de irregularidades en varios expedientes de titulación de baldíos, tramitados por la territorial de Antioquia durante los años 2007 a 2011; que involucraba a particulares solicitantes, funcionarios y contratistas del Incoder.
La investigacion de la Unidad Anticorrupcion de la Fiscalía se centro en cuatro conductas recurrentes en la adjudicación de 1.500 predios baldíos en la territorial de Incoder de Antioquia, tales como: titulación ilegal de tierras de la Nación a favor de personas que ostentan múltiples propiedades, titulación ilegal de tierras de la Nación a favor de personas millonarias, titulación ilegal de extensiones de tierra que sobre pasan los limites máximos permitidos por la ley 160 del 1994 y artificios engañosos de particulares para obtener titulación de baldíos de forma ilegal.
Durante la investigación la Unidad Anticorrupción estableció que los particulares declararon falsamente bajo la gravedad de juramento que eran campesinos, que su patrimonio no superaba los 20 millones de pesos, que no estaban obligados a declarar renta y patrimonio, y que poseían los bienes baldíos como mínimo 5 años anteriores a la solicitud tal y como lo exige la ley.
Pero a lo largo de la investigación se ha venido demostrando que los adjudicatarios son personas con un capital superior a los 4 mil millones de pesos, que están obligados a declarar renta, y que su posesión no asciende a 3 años de ocupación y explotación.
Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía el juez de garantías de Medellín ordenó la suspensión de las resoluciones de adjudicación y dejo los predios bajo custodia del Incoder de manera provisional, mientras termina el proceso.
