Confidencial Colombia revela detalles inéditos sobre cómo Alex Char habría torcido la ley para beneficio de terceros en Barranquilla. Exclusiva.
Un artículo de Laura Ardila para La Silla Caribe, la versión costeña del portal La Silla Vacía, afirma que, a pesar de los retos, Barranquilla viene floreciendo bajo la luz del clan Char, una de las familias más poderosas e influyentes de la región.
“Si Barranquilla fuera una mujer, sería hoy una dama estupenda, respetada, con buena salud, llamada a ser de las más bellas y exitosas del país, a la que sin embargo no podría acceder nadie más allá de lo que el círculo que la domina permita”, dice el texto.
Muchos consideran que este enunciado es una realidad pues durante los ocho años de la “era Char”, protagonizada por Alex Char Chaljub, el desarrollo de la ciudad fue pronunciado. “Uno pasa de enterarse que es la ciudad con los mejores índices de transparencia, a leer que se abrió el noveno frente de trabajo en las obras que prometen acabar con el dolor de cabeza histórico de los arroyos, y luego ver que la alcaldesa (Elsa Noguera, sucesora de Char) está nominada en el premio al mejor alcalde que entrega la organización Colombia Líder”, añade Ardila.
En nuestra visita a la ciudad nos encontramos con posiciones divididas frente a Alex. Mientras que unos le agradecen su labor, otros no lo pueden ver ni en pintura. “Ese señor es igual a Uribe o a Santos… es de odios y amores”, decía un barranquillero.
Podríamos centrarnos en los avances que motivaron a Laura Ardila a titular su artículo: “La buena hora de Charranquilla”. Sin embargo, no todo es tan bonito como lo pintan.
Resulta que el ex alcalde Char habría incurrido en el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, luego de comprar varios apartamentos que hoy están deshabitados y casi que en ruinas- sin una orden judicial, sin autorización del concejo, con plata del distrito y sin haber indemnizado a todos los propietarios. Esto según una denuncia penal de Renzo Montalvo, abogado especialista en derecho penal y criminología, magister de la Universidad del Norte y candidato a magister en el Master in Global Rule of Law & Constitutional Democracy de la Universidad de Génova (Italia) y quién explicó a Confidencial Colombia el caso.
Las confusas decisiones de Char
En abril de 2002 un grupo de 16 familias que habitaban en el Conjunto Residencial Privilegios, ubicado en el sector de Campo Alegre, iniciaron una acción popular contra el Distrito de Barranquilla con el fin de proteger sus derechos colectivos a la seguridad y a la prevención de desastres previsibles, ya que el terreno en donde vivían es inestable y propenso a deslizamientos.
Las mismas fueron cobijadas con una medida cautelar por parte del Tribunal Administrativo del Atlántico, que luego fue confirmada por el Consejo de Estado, la cual ordenó su reubicación y el pago de unos arriendos mientras que Privilegios era readecuado.
En el 2007 se profirió una sentencia condenatoria que fue confirmada por el superior en la que se ordenó a la Alcaldía de Barranquilla “contratar la ejecución de trabajos de adecuación y estabilización de los bloques 1 y 2 de Privilegios”, mediante la construcción de un muro de contención, “a fin de cesar la vulneración de los derechos colectivos de los usuarios”. Haga clic en la zona de Descargue para ver en detalle qué ordenó la corte y cuáles acciones se habría saltado la defensa de Char.
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Es aquí donde se armó el ‘verguero’, pues al parecer primaron los intereses políticos y económicos sobre la justicia.
Cuenta Montalvo que el exalcalde y nuevamente candidato Alex Char, junto con la actual alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera -quien por esos días figuraba como secretaria de Hacienda de Char- y el entonces procurador regional y hoy jefe jurídico de la Alcaldía Distrital de la ciudad, Alfredo del Toro Núñez, habrían celebrado y cancelado contratos de arriendos y de compra y venta de 96 inmuebles en una zona que fue declarada calamidad pública, sin autorización del Concejo distrital y sin orden judicial.
Es decir: como les salía más caro y oneroso cumplir la orden judicial, lo que al parecer hicieron fue comprar a dedo 72 inmuebles y después 24. La gran mayoría de ellos permanecen en total abandono.
Según Montalvo, dicha compra configura una presunta “celebración indebida e ilícita de contratos en concurso homogéneo con peculado por apropiación de terceros”, pues se usaron recursos del distrito para la compra de un proyecto de vivienda que está en ruinas y que no tuvo autorización alguna. “El Tribunal dijo a la Alcaldía que repare e hiciera las obras de adecuación, no que comprara”.
Y, ¿cómo probar que dicha compra se hizo sin permisos?
Una fuente cercana a este medio, que prefirió permanecer en el anonimato, asegura que la defensa jurídica de Char se escuda en la Ley 1523, la cual señala que en caso de declararse una calamidad pública, la administración distrital tiene derecho a una serie de competencias expresas para actuar (…) entre ellas, la de comprar inmuebles sin orden judicial o el consentimiento del Concejo.
Sin embargo, esta ley se vino a proferir hasta noviembre de 2012 y la compra de los terrenos se efectuó varios años antes (2009 – 2010). La fuente también afirma que Elsa Noguera utilizó ese mismo mecanismo para comprar 24 viviendas en la zona.
Y ahí no termina el asunto…
Montalvo también representa legalmente a varios de los propietarios a los que supuestamente el Distrito tenía que pagar arriendos. Dice el abogado que en el 2012 la administración Elsa Noguera destinó casi 300 millones de pesos para subsanar esos arriendos pero que dicho monto luego fue cancelado.
Fue Alfredo del Toro Núñez quien tumbó el giro de ese dinero al asegurar, de manera extemporánea y por medio de un apoderado dentro del incidente de desacato, “que el pago realizado por su jefa es ilícito” ya que esos propietarios compraron en subasta pública en el 2010.
El jurídico de Elsa Noguera le dio poder el 28 de mayo de 2013 a uno de los abogados para que solicitara una audiencia que se dio en junio 13 de 2013 en el Tribunal Contencioso.
En ese encuentro ellos manifestaron la voluntad de pago de los arriendos y de la compra de los inmuebles -ya figuraba una autorización judicial de manera extraordinaria- para no volver a incurrir en la presunta celebración de contratos en concurso con el peculado por apropiación.
Montalvo asegura que dicha voluntad de pago obedece a intereses políticos, pues la alcaldesa terminaría su periodo sin la mancha del tema de los arriendos, gracias a que dilataron el proceso desde la administración.
“A esos propietarios la Alcaldía de Barranquilla les adeuda unos intereses moratorios que superan los 3 mil millones de pesos pues van más de 7 años de no ser reubicados y sin el apoyo logistico a los que por ley tienen derecho”, explica Montalvo.
El jurista añade que la no cancelación de esos arriendos se transcribe en un presunto punible de prevaricato por omisión o en fraude fiscal, ya que en el 2003 el Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó costear esos arriendos. El Consejo de Estado también ratificó la misma orden en el 2004 y se reiteró en el incidente de desacato del año pasado.
Vale la pena recordar que durante una audiencia pública instalada el 13 de junio de 2013, el Distrito confesó que “después de los estudios realizados se considera que la realización de esas obras de estabilización y adecuación resultan mucho más onerosas que llegar a un proceso de reubicación definitiva”. Haga clic en la zona de Descargue para ver el caso paso a paso.
Es por esto que ahora estudian la posibilidad de localizar a las familias en otro sitio, pero aún quedan varias inquietudes en el aire.
¿Por qué Alex Char habría invertido plata del Distrito sin orden judicial o del Conejo en unos apartamentos que nadie usa? ¿Por qué no han indemnizado a todos los propietarios? ¿Por qué no compran si ya hay autorización judicial para hacerlo? ¿Por qué la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia engavetaron el proceso en contra de Char? ¿Sabe Cambio Radical de esto?
Confidencial Colombia contactó a Char con el objetivo de verificar en qué se usó esa plata y cómo se realizó la construcción de los apartamentos. Sin embargo, su oficina de prensa contestó que él no se manifestará al respecto y que la respuesta se hará llegar –quieran o no- por medio de sus abogados. Derechos de petición ya están en curso.
