El pasado 7 de febrero se expuso una carta de cuatro páginas en donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reprende al ministerio de defensa por haber interrumpido el proceso de reparaciones de víctimas debido a que faltaban trámites de sucesión y certificación de las muertes de sus seres queridos víctimas en la toma y retoma al palacio de justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
“La Comisión observa que, de acuerdo a la interpretación propuesta por el Estado sobre el monto del daño inmaterial para cada beneficiario, no es compatible con el espíritu de la sentencia y en particular, con los criterios establecidos en cuánto a la gravedad de lo ocurrido y naturaleza del daño de la desaparición forzada. Lo anterior se ve reforzado en que tales pagos no son mínimamente cercanos a la reparación ordenada por la Corte“, responde el comunicado.
El ente de justicia de la Organización de los Estados Americanos, afirma que no puede re victimizar los desaparecidos, ni mucho menos pagar por trámites para ser indemnizados: “corresponde al Estado adoptar las medidas de carácter interno que sean necesarias para cumplir con entregar los montos ordenados. Sin perjuicio de ello, la Comisión observa que el Estado debe garantizar que tales procedimientos resulten efectivamente en el pago de tales indemnizaciones, de tal forma que debe asegurar que no resulten o se traduzcan en una carga adicional de carácter económico a las víctimas“, cita la misiva.
El tribunal del Sistema Interamericano fijó en 100 mil dólares la indemnización para las familias de cada uno de los 11 desaparecidos y estableció como fecha límite el 9 de diciembre pasado.
