Según analistas internacionales, es muy probable que el fallo pendiente por la disputa entre Colombia y Ecuador por fumigaciones con glifosato en la frontera, sea más polémico que el relacionado con Nicaragua.
Además de la disputa limítrofe con Nicaragua, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) también tiene a Colombia en la mira por cuenta de otra demanda pendiente que involucra al Estado colombiano y que fue interpuesta por Ecuador el 31 de marzo de 2008, por las aspersiones aéreas con glifosato en las zonas de frontera con este país, en el marco del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con dicho herbicida. En el 2007, Colombia suspendió las fumigaciones aéreas y optó por realizar erradicación manual de la hoja de coca en dicha zona. (Ver cronología del caso Colombia – Ecuador en recuadro final)
Sin embargo el gobierno ecuatoriano interpuso la demanda y espera que la CIJ declare que Colombia ha violado “sus obligaciones bajo la ley internacional, permitiendo el depósito en el territorio de Ecuador de herbicidas tóxicos” y que por dicha razón se indemnice a los ciudadanos ecuatorianos por el daño causado, refiriéndose a la muerte o afecciones de salud de las personas, los daños o perdidas de propiedades y alteración de los recursos naturales.
El analista en geopolítica Philippe Boland expresó a Confidencial Colombia que el hecho de que Colombia quiera retirarse del Pacto de Bogotá, “no sólo afecta la imagen del país ante el resto de los países con los cuales ha celebrado acuerdos, sino además no influye en el fallo posterior de la CIJ en el caso de Ecuador”.
Arlene Tickner, especialista en relaciones internacionales, reconfirmó que “el retiro del Pacto de Bogotá cobra vigencia un año después y mientras tanto, todo proceso que se presente en curso en la CIJ procederá”. También aseguró que “es muy probable que se emita un fallo en contra de Colombia y, aunque la cancillería no se ha tomado muy en serio esta disputa, se ha especulado que el posible fallo sea más polémico que el relacionado con Nicaragua”.
Aunque el retiro del Pacto de Bogotá ha generado diferentes opiniones entre los analistas internacionales, la Dra. Tickner asegura que “es una decisión legítima donde el mismo Pacto contempla una cláusula de retiro que ya ha sido la herramienta de otros países para su salida” y advierte que la reacción al proceso de retiro si tendrá consecuencias para la imagen del país.
El gobierno nacional ha contado con la asesoría de los abogados James Crawford, Loretta Malintoppi y Simon Olleson para la elaboración de los alegatos escritos presentados a la fecha.
James Crawford es académico y una de las máximas autoridades mundiales del derecho internacional.Es profesor emérito de Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge donde ha realizado múltiples investigaciones y publicaciones. Aunque es líder del equipo de defensores de Colombia, es candidato para juez de la Corte Internacional de Justicia desde el 30 de octubre de este año y según los analistas consultados debería retirarse del equipo de defensores de Colombia por conflicto de intereses. Hasta el momento, la cancillería no ha anunciado cambios.
Loretta Malintoppi es abogada de la Universidad de Roma con Maestría en la Universidad de Georgetown, es experta en derecho y arbitraje internacional. Ha trabajado anteriormente como defensora en la Corte Internacional de Justicia en diferentes diferendos entre Estados. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de la Corte Internacional de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC).
Simon Olleson es especialista en derecho internacional, su práctica incluye asesoramiento y apoyo en relación con las tradicionales disputas entre Estados, incluyendo los juicios ante la Corte Internacional de Justicia, sucesión de Estados, y derecho marítimo. Durante sus estudios avanzados trabajó como asistente del profesor James Crawford con quien ha publicado ensayos sobre Responsabilidad en el Derecho Internacional.
