Amnistía Internacional ante los resultados del plebiscito señaló que el rechazo del acuerdo de paz en Colombia hoy es una oportunidad perdida para que el país finalmente se aleje de su trágica guerra de más de 50 años.
“El día de hoy será recordado en los libros de historia como el momento en el que Colombia le dio la espalda a lo que podría haber sido el final de una guerra de más de 50 años que devastó millones de vidas,” dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Igualmente señalaron que “aun cuando no era perfecto, el acuerdo representaba un camino concreto hacia la paz y la justicia. La incertidumbre que este voto conlleva puede poner a millones de personas en Colombia, particularmente a grupos vulnerables como Indígenas, Afro-descendientes y campesinos, en mayor riesgo de sufrir violaciones a los derechos humanos.”
“Es imperativo que Colombia no se aleje de este proyecto y que el país continúe moviéndose hacia la paz que tantos millones de personas anhelan.”
COMUNICADO
El modelo de justicia transicional que el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron el año pasado contribuirá a garantizar en cierta medida verdad, justicia y reparación a algunas de las víctimas del conflicto.
Sin embargo, muchas de sus disposiciones parecen incumplir el derecho y las normas internacionales relativos a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, las penas previstas para quienes admitan responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no reflejan la gravedad de tales delitos. Asimismo, la definición de la responsabilidad de mando podría permitir a muchos jefes de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad eludir la acción de la justicia en casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por sus subordinados.
Colombia ha avanzado mucho desde sus años más violentos. Sin embargo, continúan cometiéndose abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades marginadas, en particular contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como líderes comunitarios, sindicalistas y activistas del derecho a la tierra.
“La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a grupos paramilitares que continúan activos pese a su supuesta desmovilización hace un decenio, no se producen en el contexto de combates y a menudo son consecuencia de intereses económicos. Muchas de esas comunidades expuestas a sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por negocios mineros, de infraestructura, industriales y agroindustriales”, ha explicado Erika Guevara-Rosas.
Poner fin a las hostilidades entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC podría no contribuir mucho a acabar con tales ataques si las autoridades no toman medidas efectivas para combatir a los grupos armados que atacan a civiles y llevar ante la justicia a quienes les prestan apoyo desde la administración del Estado, la política y el mundo empresarial.
“Para que un acuerdo de paz sea efectivo y duradero debe también aplicarse en estrecha consulta con las personas, grupos y comunidades que se han visto afectadas por este conflicto sangriento durante decenios. De lo contrario, será poco más que meras palabras sobre el papel”, ha añadido Erika Guevara-Rosas.
