El Gobierno colombiano se marchó hoy “muy satisfecho” de la ONU tras defender ante el secretario general, Ban Ki-moon, sus argumentos en contra del reciente fallo de la corte de La Haya que trazó nuevos límites marítimos con Nicaragua sobre las aguas que rodean a las islas de San Andrés y Providencia.
“El secretario general estuvo muy atento a nuestras explicaciones y quedamos muy satisfechos con la reunión”, afirmó ante la prensa la canciller colombiana, María Angela Holguín, tras su encuentro con Ban, en el que estuvo acompañada por la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero, y el alcalde de Providencia, Arturo Robinson.
La ministra detalló que los abogados del Estado colombiano están en estos momentos haciendo los estudios pertinentes para determinar los pasos a seguir tras el fallo emitido el pasado 19 de noviembre por la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) y adelantó que esperan poder recurrir “a principios del año entrante”.
“Somos respetuosos del derecho internacional pero este fallo tiene muchas complicaciones y aristas”, añadió Holguín, para quien es importante que no haya incidentes porque los pescadores están “muy irascibles”, aunque dijo que ambos gobiernos son “lo suficiente responsables” para entender que hay que “preservar la tranquilidad”.
El fallo de la Corte Internacional de Justicia dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya había concedido a este país en 2007, y a Nicaragua le dio más de 70.000 kilómetros cuadrados de mar, ricos en pesca y otros recursos naturales.
La canciller mencionó, por un lado, el aspecto medioambiental, y en ese sentido confió en que la Unesco se pronuncie y deje claro que es una reserva de la biosfera donde no se permite la exploración petrolífera y, por otro, el tema de los derechos humanos, porque, “se vulneró el derecho al sustento” de los habitantes de las islas.
En este aspecto, Holguín adelantó que está previsto que una delegación de pescadores de San Andrés viaje hasta Ginebra para presentar su caso ante la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, “para que oiga de viva voz” sus quejas por el fallo.
La canciller colombiana recordó también que hay un tercer tema sobre el impacto que pueda tener el fallo que preocupa a su gobierno en relación al problema de la seguridad en una zona donde, según indicó, hay “altas complicaciones por el tema del narcotráfico que habrá que ver qué va a pasar”.
La jefa de la diplomacia colombiana dijo en todo caso que la relación con Nicaragua no se ha resentido tras la decisión de la Corte Internacional de Justicia, y recordó que ya hubo una reunión de los presidentes de Colombia y Nicaragua, Juan Manuel Santos y Daniel Ortega, en la que quedaron “seguir conversando”.
La gobernadora de San Andrés aseguró, por su parte, que con la visita a la ONU buscaban “visibilizar” a la comunidad raizal y que el mundo entienda que no se está decidiendo “sobre un poco de agua o dos piedras en el mar, sino sobre personas, dueños ancestrales de un territorio, gente que vive, que siente y que tiene que sobrevivir”.
Guerrero, que ha pedido la revisión jurídica del caso, se mostró satisfecha por haber tenido la oportunidad de hablar con el secretario general sobre el impacto que tiene el fallo de la CIJ en la comunidad raizal, tanto en materia de derechos humanos como de derechos económicos.
“Sabemos que ese territorio ancestral nos pertenece, que tiene sus riquezas, y el fallo tiene que ser reconsiderado. No queremos seguir nuestro desarrollo económico dándole la espalda al mar”, añadió la gobernadora, quien reconoció que el fallo “no es apelable pero sí está sujeto a ser reconsiderado”.
Por su parte, el alcalde de San Andrés dijo a los periodistas que es “muy difícil” cuantificar el impacto económico que tendrá para los habitantes de las islas el fallo, aunque aventuró que “a futuro es incalculable” porque están perdiendo “75.000 kilómetros de agua” rica en pesca y recursos naturales.
EFE.
