El conflicto social, económico, político y armado que desde hace más medio siglo se escenifica en Colombia debe terminar; es el deseo indiscutible de todo un pueblo que ha sufrido los horrores de la guerra impuesta desde los círculos más conspicuos del poder oligárquico criollo y del gran capital estadounidense, los principales beneficiados.
El conflicto social, económico, político y armado que desde hace más medio siglo se escenifica en Colombia debe terminar; es el deseo indiscutible de todo un pueblo que ha sufrido los horrores de la guerra impuesta desde los círculos más conspicuos del poder oligárquico criollo y del gran capital estadounidense, los principales beneficiados.
Las diferencias políticas e ideológicas en los discursos y planteamientos de los negociadores en la instalación de la Mesa de Dialogo, en Oslo, Noruega, hablan por sí solas. El representante gubernamental, el político liberal y ex vicepresidente de la República Humberto de La Calle Lombana, elípticamente cerró la posibilidad de un cese bilateral de las acciones militares y dejó claramente sentado que los diálogos entre gobierno e insurgencia están dirigidos a silenciar los fusiles insurrectos.
A cambio ofreció que luego de la desmovilización o reinserción de los guerrilleros, estos puedan entrar en el juego electoral, convertirse en partido político y desde ese ó escenario democrático ó luchar por alcanzar el poder.
Expresaba que si bien era justa la necesidad de la equidad y reducir las desigualdades, argumentaba que para tales objetivos la agenda gubernamental se plantea la Restitución de Tierras, la Reparación de Víctimas, Desarrollo rural con carácter territorial.
Pero se cuidó de mencionar la necesidad de incluir en esa agenda una Reforma Agraria Integral, tema muy importante para las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) teniendo en cuenta que su origen y la razón de existir es precisamente la defensa del tema agrario como objetivo prioritario. Con la restitución de tierras, el gobierno no hace más que cumplir con una obligación de devolver las tierras a sus verdaderos dueños, arrebatadas o robadas por latifundistas y paramilitares.
Sin embargo, debe conocerse que la restitución tiene la condición jurídica de no devolver las mismas tierras que fueron vendidas y ó traspasadas legalmente ó ; lo que no se investiga si estas fueron vendidas voluntariamente o bajo presión y amenaza de muerte de los paramilitares o abandonadas por el terror impuesto por esas bandas criminales al servicio del narcotráfico y de los grandes latifundistas y ganaderos.
A los campesinos desterrados les serán entregadas tierras fiscales, muchas de ellas en zonas alejadas, la mayoría sin condiciones para la agricultura o en zonas de suelos mineros o petroleros, donde la necesidad inversionista obliga a venderlas a empresas propiedad de oligarcas nacionales o a las grandes transnacionales. Mientras que la reparación de víctimas no tiene un claro procedimiento, ni como se va a definir esa justa y penosa reparación pues para ningún familiar hay dinero o retribución material por la vida de un hijo, un padre o de un ser querido.
Su discurso no dejaba espacio para la duda, no se abandonaría el modelo económico neoliberal establecido en el país desde el gobierno de César Gaviria, profundizado en los siguientes mandatos presidenciales, especialmente en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, pero aclaraba que mediante la lucha política electoral las FARC podían llegar al poder.
Y mencionaba los procesos de gobiernos progresistas y de izquierda que hoy son una realidad en algunos países de nuestra región y que habían llegado al poder sin el uso de las armas. Sucede que Colombia es un caso sui generis dentro de nuestro universo socio político.
La violencia no la impuso la izquierda en América Latina, es conocido que desde la década del 50 hasta nuestros días la impusieron las oligarquías criollas en complicidad y con el irrestricto respaldo político y militar de Estados Unidos mediante dictaduras militares.
En Colombia fue impuesta por la oligarquía criolla cuando el 9 de abril de 1948 ordenaran el asesinato del líder liberal y popular Jorge Eliécer Gaitán, cuando estaba a las puertas de convertirse en presidente de esa nación al conquistar a su pueblo con su programa de gobierno de profundo corte social y con el famoso discurso la Oración por la Paz.
A partir de ese crimen, se desató la violencia política en Colombia, que alcanza nuestros días y que ha cobrado miles de muertos, desaparecidos, mutilados y millones de desterrados. Lo deseable para la insurgencia y para los sectores democráticos, progresistas y de izquierda colombianos es precisamente llegar al poder por la vía electoral y buscar las transformaciones sociales, económicas y políticas, mas lo real es que en cada ocasión que ha existido esa posibilidad, la oligarquía acude a la violencia y elimina esos sueños.
Un ejemplo de ello es lo sucedido con la Unión Patriótica con el asesinato de Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, candidatos a la Presidencia por esa agrupación.
O con Carlos Pizarro Leongómez, aspirante a la presidencia por AD-M19. Miles de líderes de base de la Unión Patriótica, dirigentes sindicales y populares de A Luchar, Frente Popular y la Corriente de Renovación Socialista, fueron exterminados y los guerrilleros reinsertados cuando el proceso de paz de 1991 resultaron asesinados o desaparecidos el 65 por ciento de ellos.
¿Cuál es hoy la garantía que esas masacres no se vuelvan a repetir? Por otra parte se apela a que hay una nueva Constitución en Colombia, efectivamente la de 1991, cuando se firmaron los acuerdos de Paz con las organizaciones armadas y se integraron en la Alianza Democrática -M19 y de 1989 al 91 negociaron aquel proceso que culminó con la Asamblea Constituyente, y cuya Carta Magna surgida de aquellas conversaciones hoy poco o nada queda de lo refrendado, pues los gobiernos posteriores y muy especialmente el de Uribe Vélez las modificó utilizando a un Congreso mayoritariamente corrupto y penetrado en más del 35 por ciento por los paramilitares, así admitía el jefe narcoparamilitar Salvatore Mancuso, cuando fue invitado a ese recinto parlamentario a exponer las ó bondades ó de esas bandas criminales.
Por su parte el comandante Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-Ejército del Pueblo (EP), planteaba que el principal protagonista es el soberano, o sea, el pueblo. Pueblo que no está representado en estos diálogos y sin su participación activa será muy difícil que se puedan concretar acuerdos que lleven a un feliz término estas negociaciones.
El jefe guerrillero fue claro y enfático en denunciar la oposición de su Movimiento Político-Militar al modelo económico neoliberal y la fuerte penetración del capital financiero extranjero y nacional en el tema minero-energético, el Tratado de Libre Comercio y las formas engañosas que tienen las leyes de restitución de tierras, reparación de víctimas y el llamado desarrollo territorial.
Expuso con claras cifras las abismales diferencias que hoy aquejan a la sociedad colombiana, compuesta por 44 millones de habitantes y refería que: ó Más de 30 millones de colombianos viven en la pobreza, 12 millones en la indigencia, el 50 por ciento de la población económicamente activa agoniza entre el desempleo y el subempleo, casi seis millones de campesinos deambulan por las calles víctimas del desplazamiento forzoso ó . ó De 114 millones de hectáreas que tiene el país, 38 están asignadas a la exploración petrolera, 11 millones a la minería, de las 750 mil hectáreas en explotación forestal se proyecta pasar a 12 millones. La ganadería extensiva ocupa 39.2 millones.
El área cultivable es de 21.5 millones de hectáreas, pero solamente 4.7 millones de ellas están dedicadas a la agricultura, guarismo en decadencia porque ya el país importa 10 millones de toneladas de alimentos al año. Más de la mitad del territorio colombiano está en función de los intereses de una economía de enclave ó .
Expuestas con seriedad, honestidad y claridad todas las diferencias, ahora se trata de ir tejiendo con aguja fina un proceso de negociación que desemboque en una paz firme y duradera con justicia social. Proceso que llevará un paciente y largo proceso de conversaciones; ojalá que se dialogue bajo una tregua bilateral de fuego; que puedan involucrase todas las fuerzas políticas y sociales y que esta política sea una Política de Estado, porque los enemigos de la paz estarán rondando constantemente y sin desmayar pues a muchos se les puede esfumar las ganancias que hoy reciben a costa de la guerra. Por ello en todo diálogo hay que tener siempre presente para qué y para quién se desea y quiere la paz.
Nadie debe albergar la idea de que la guerrilla colombiana está derrotada, el paso dado por las FARC EP es más una demostración de voluntad política y fortaleza que de debilidad.
Estimo que el gobierno sensatamente llegó a la convicción de que no hay victoria militar sobre la insurgencia y que lo óptimo es solucionar pacíficamente el conflicto donde el único que pierde es el pueblo.
La decisión ha sido bienvenida por la población que ha sufrido por años este conflicto armado interno y recibe el apoyo de amplios sectores de la sociedad afectados por la guerra, para beneficio no sólo de Colombia.
También para sus vecinos, especialmente Venezuela y Ecuador que sufren en sus fronteras acciones de guerra y colateralmente son receptores de miles de inmigrantes colombianos que huyen de esta, y sin dudas, en el caso venezolano es el mercado más importante después de Estados Unidos, que debe ser preservado.
Ello seguramente conducirá, como tema de debate en estas negociaciones, la retirada de todas las fuerzas militares extranjeras basificadas en las hermosas y bellas tierras colombianas por la amenaza que representa para la región y especialmente a sus vecinos.
* politólogo cubano y analista internacional
