Una comisión oficial, conformada por los representantes a la Cámara Ángela Robledo, Iván Cepeda, Hernando Hernández y Guillermo Rivera, escuchó testimonios de las comunidades.
“He visto niños asesinados en medio del fuego cruzado y madres que lloran sin parar. Una bebé de 17 días de nacida reventada por la onda explosiva en una de las tomas al caserío de Tacueyó. Un niño de 12 años que se subió a un árbol para esconderse y fue derribado por un proyectil de fusil. Cuatro niños que recogieron en la vereda un explosivo, se pusieron a jugar y volaron en pedazos. Un niño de 9 años que después de un ataque al pueblito no volvió a hablar. Una niña del resguardo del Huellas que estando en su casa fue asesinada. He podido ver el dolor de las comunidades cuando el asesinato de Cristóbal Secue y de Aldemar que tenía su bebé en brazos y los atravesaron a los dos” contó uno de los líderes de la zona.
“Santos debe garantizar la supervivencia y dignidad de los pueblos indígenas en riesgo de extinción”, dijo Ángela Robledo.
La parlamentaria hizo un llamado al Presidente de Colombia para que cumpla el compromiso que selló el 7 de agosto de 2010 en la Sierra Nevada de Santa Marta. “Santos hizo un pacto con las comunidades indígenas que lo obliga de manera prioritaria a respetar sus vidas, sus territorios y sus derechos diferenciales. Es un pacto sagrado de aseguranza y bastón de mando que es urgente ejecutar más allá de las buenas maneras”, dijo.
La Comisión fue a consultar a las comunidades indígenas y campesinas de la región sobre su situación social y de orden público y hacer, desde allí, un llamado al presidente Santos para que se ocupe de garantizar los derechos fundamentales de esa población.
En los últimos meses, el conficto en el Cauca ha arreciado, así como las movilizaciones sociales. Actualmente, Gobierno y comunidades están en negociaciones en la capital del departamento, Popayán.
