El sucesor de Eduardo Montealegre –que termina su período en marzo– no podrá ser un apéndice del Gobierno, ni mucho menos manejar agenda política para su beneficio. Su elección podría durar varios meses.
No será fácil la escogencia del sucesor de Eduardo Montealegre como fiscal general. Para empezar, la lista de posibles ternados sigue creciendo y el presidente Juan Manuel Santos parece dispuesto a tomarse todo su tiempo para terminar de elaborarla.
De manera que a mayor número de posibles candidatos, menos probabilidades de que Santos elabore la terna con prontitud, lo que termina por afectar la buena marcha, tanto de la Fiscalía General como de la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de escoger al sucesor de Montealegre.
En el caso de la Fiscalía General es evidente que el vicefiscal Jorge Fernando Perdomo –quien quedará como fiscal encargado una vez Montealegre termine su período y hasta que la Corte Suprema elija al nuevo fiscal– está en campaña y por ello no oculta su interés en mostrar resultados que dejen satisfechos tanto a Santos como a los magistrados.
Y Perdomo cree que los mejores resultados los muestra reabriendo procesos contra amigos y ex funcionarios de Álvaro Uribe –desde Pacho Santos hasta César Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo– quienes –precisamente por su condición de uribistas pura sangre– son considerados los grandes enemigos del Jefe del Estado y de los togados de la alta corte.
Mientras el vicefiscal Perdomo trata de ganar puntos con quienes tienen en sus manos su futuro, entregándoles las cabezas de sus enemigos, sus posibles contendores tampoco se quedan quietos.
En efecto, tanto Néstor Humberto Martínez como Fernando Carrillo –dos de los posibles ternados– realizan reuniones con magistrados a quienes consultan sobre las posibilidades de éxito de sus candidaturas. “Ya tienen hasta jefes de campaña”, me dijo un magistrado de la Corte Suprema con quien hablé sobre el posible sucesor de Montealegre. La que podría ser la mujer de la terna –Cristina Pardo– también tiene amigos en la Suprema dispuestos a ayudarla en caso de que Santos la incluya en la lista.
Pero el principal problema para la elección del nuevo fiscal general no está en la confección de la terna por parte de Santos, sino en su escogencia por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Para empezar, en ese alto tribunal apenas hay en la actualidad 17 de los 23 magistrados que la integran y en las próximas semanas solo habrá 16, pues Leonidas Bustos –gran amigo del fiscal Montealegre– deberá retirarse por período cumplido.
Y como para ser elegido se requiere mayoría calificada, ello significa que el nuevo fiscal general deberá contar con la totalidad de los votos de los actuales magistrados, algo que es prácticamente imposible, dada la pugnacidad que se vive hoy en día en la alta corte.
Los choques de poderes dentro de la Corte Suprema –en los que cuentan aspectos regionales, ideológicos y de género– hace que la escogencia del sucesor de un magistrado se tarde varias semanas y hasta meses. “Esta Corte heredó varios vicios de la anterior, entre ellos el de estar demasiado politizada. Si para escoger a un magistrado se demoran meses, ¿cuánto se tardarán para elegir fiscal general?”, me dijo un abogado litigante ante el alto tribunal.
Ante ese panorama es bastante probable que el nombre del nuevo fiscal general de la Nación sólo se conozca seis meses después –o más– del retiro de Montealegre. Esas son –entre otras– las cuentas del vicefiscal Perdomo, quien considera que su suerte dependerá de los resultados que muestre en su gestión como fiscal interino.
Los uribistas no tienen dudas de que lo que hay detrás de la nueva ofensiva de la Fiscalía contra los integrantes del Centro Democrático no es otra cosa que una persecución política, que busca posicionar al vicefiscal Perdomo como el aspirante mejor calificado para suceder a Montealegre.
Esa tesis, aunque tiene buen recibo en la galería, no deja de tener una enorme debilidad y es que si ello fuera así, entonces habría que recordarles tanto a Perdomo como a los uribistas que los tiempos cambiaron y que esta Corte es distinta a la que libró con Álvaro Uribe una guerra implacable, que aún tiene pendiente algunas batallas en varios estrados judiciales. Un botón sirve de muestra de esta afirmación: la Corte Suprema de Yesid Ramírez y César Julio Valencia –entre otros enemigos acérrimos de Uribe, que hablaban del “gobierno de los jueces”– hubiera condenado al coronel Alfonso Plazas Vega, amigo personal y ex funcionario de Uribe, mientras que la actual Corte Suprema lo absolvió.
De cualquier manera, el reto del sucesor de Montealegre es monumental, pues deberá pasar la página de una Fiscalía General que terminó politizada, estigmatizada y cuestionada por cuenta de reiteradas denuncias por posible persecución política y por la celebración de multimillonarios contratos, que se habrían firmado sin el cumplimiento de los mínimos requisitos. El nuevo funcionario deberá ser autónomo e independiente frente al Ejecutivo, mostrar resultados contundentes en la lucha contra la corrupción y emprender cuanto antes la modernización de un organismo que deberá entregar excelentes resultados en el posconflicto que se avecina. ¿Qué le espera al nuevo Fiscal General? ¿Cómo están las fuerzas hoy en la Corte Suprema?
¿Un fiscal del bolsillo de Montealegre?
Es casi imposible encontrar un tribunal o una alta corte –vieja o recién creada– en la que no aparezca el nombre de un recomendado de Eduardo Montealegre o de su gran amigo, el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos, su ‘socio estratégico’ a la hora de poner fichas suyas en puestos claves de la administración de justicia. De hecho, en los pasillos de la Corte Suprema se dice que el primer mensaje de independencia que debe dar ese alto tribunal no es contra Santos, sino contra la dupla Montealegre-Bustos. De manera que darle continuidad a un binomio que ha sido tan cuestionado sería un grave error. En el tema de los diálogos de La Habana, por ejemplo, el fiscal general en lugar de convertirse en abanderado de la negociación y vocero de la mesa de diálogos, lo que tiene que hacer es comprometerse a que se cumpla la Ley con toda su rigurosidad y sin ningún tipo de valoración política. En La Habana negocia el Gobierno y no la Fiscalía. El fiscal no es defensor oficioso de los jefes de las Farc sino el máximo representante de la entidad que está al frente de la lucha contra las organizaciones criminales y ello incluye a las Farc, hasta tanto no se desmovilicen y entreguen sus armas. Si Montealegre no lo entendió así, es bueno que el nuevo fiscal lo tenga bien claro.
¿Fiscal del bolsillo de Santos?
El único lujo que no puede darse el país es el de tener un fiscal del bolsillo del Presidente de la República. Eso no le sirve ni al fiscal, ni al presidente, ni mucho menos al país. Punto. Ello tampoco significa que el fiscal deba ser enemigo del presidente. Ni tan cerca que queme al Santos ni tan lejos que no lo alumbre. Un fiscal general debe tener la autonomía y la independencia suficiente para aplicar la Ley con todo su rigor, aún contra los altos funcionarios del Gobierno y ello incluye, por supuesto, al Presidente de la República. Contrario a lo que se piensa, el fiscal general no debe su cargo ni al presidente, que lo terna, ni a la Corte Suprema, que lo escoge: debe su cargo a los millones de ciudadanos que esperan de él –o de ella– un ejercicio transparente y garantista de todas y cada una de sus funciones. Se ha vuelto costumbre en Colombia, además, que el fiscal general llega para cubrir la espalda del Presidente que se va. Error. Pierden todos: el fiscal que entra, el Presidente que sale, la Corte que lo escoge y los colombianos que deben convivir con una justicia injusta o inoperante. A la postre los escándalos terminan por saberse y unos y otros terminan cargando el pesado piano del desprestigio.
Las sillas vacías de la Corte Suprema de Justicia
A falta de una silla vacía, en la Corte Suprema de Justicia hay seis y próximamente habrá siete, con el retiro del magistrado de la Sala Penal, José Leonidas Bustos. Las vacantes existentes son: María del Rosario González de Lemus (Sala Penal), Elsy del Pilar Cuello Calderón (Sala Laboral), Gustavo Hernando López Algarra (Sala Laboral), Ruth María Díaz Rueda (Sala Civil), Carlos Ernesto Molina (Sala Laboral) y Jesús Valle de Rutén (Sala Civil). Las ausencias de estos magistrados -de 23 que conforman la Corte Suprema- obliga, a quien sea elegido como nuevo Fiscal General, a contar con los votos de todos ellos, puesto que se requiere de una mayoría calificada para su elección. Si a ello se suma la conformación de bloques dentro del alto tribunal, ello impediría una elección unánime. Por eso los cálculos optimistas consideran que el nuevo fiscal en propiedad solo se conocerá por lo menos seis meses después del retiro de Montealegre, hasta que no se haya cubierto la mayoría de las vacantes. Seis meses –o más– de interinidad en un cargo tan vital para el país es un pésimo mensaje para quienes esperan de la Corte Suprema diligencia, transparencia y eficiencia, algo de lo que –por desgracia– ha carecido en los últimos tiempos.
El fiscal del posconflicto
Aunque son muchos los frentes en los que el nuevo Fiscal General deberá lucirse, entre ellos la lucha contra la corrupción y las bandas criminales, el principal reto será –sin duda– el desarrollo del posconflicto, una vez el Gobierno y las Farc firmen el fin de la guerra. Se trata de la aplicación y puesta en marcha de una nueva normatividad, que deberá ser generosa con quienes decidieron abandonar las armas y reintegrarse a la vida civil, pero también justa con la reparación a las víctimas y muy celosa en el cumplimiento de los compromisos de no repetición de los actos criminales. El nuevo fiscal general será, pues, el del posconflicto. Sobre sus hombros recaerá la responsabilidad de que los delitos –cometidos por todos los actores del conflicto– no queden impunes. Y para el cumplimiento de esa tarea histórica –más que títulos académicos– se requiere carácter y el compromiso inquebrantable de que la negociación de La Habana no permitirá que ello ocurra, que es el temor de la inmensa mayoría de los colombianos.
