Amnistía Internacional para las Américas advirtió que para que un acuerdo de paz sea efectivo y duradero no sería suficiente poner fin a las hostilidades entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC si las autoridades no toman medidas efectivas para combatir a los grupos armados que atacan a civiles y llevar ante la justicia a quienes les prestan apoyo desde la administración del Estado, la política y el mundo empresarial.
El éxito del histórico acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el mayor grupo guerrillero del país, firmado oficialmente en Cartagena este lunes, depende de la capacidad de las autoridades colombianas para garantizar verdad, justicia y reparación a los millones de víctimas que se ha cobrado el conflicto en sus más de 50 años de duración, ha manifestado Amnistía Internacional.
El acuerdo tendrá aún que ser ratificado por medio de un plebiscito, que se celebrará el 2 de octubre.
“Hoy va a ser, con razón, un día de celebración en Colombia. Las autoridades deben ahora garantizar que este logro histórico no sufre ningún menoscabo, asegurándose para ello de que todos los responsables de los horrendos delitos de derecho internacional cometidos contra millones de personas a lo largo de más de medio siglo comparecen ante la justicia”, ha señalado Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
“Los delitos de quienes llevaron a cabo estos abusos, los ordenaron o se beneficiaron de ellos, aun cuando se trate de personas dedicadas al mundo de los negocios o a la política, no pueden ni deben descartarse de un plumazo.”
El modelo de justicia transicional que el gobierno colombiano y las FARC acordaron el año pasado contribuirá a garantizar en cierta medida verdad, justicia y reparación a algunas de las víctimas del conflicto, según indica Amnistía Internacional.
Sin embargo, muchas de sus disposiciones parecen incumplir el derecho y las normas internacionales relativos a los derechos de las víctimas. Por ejemplo, las penas previstas para quienes admitan responsabilidad en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad no reflejan la gravedad de tales delitos. Asimismo, la definición de la responsabilidad de mando podría permitir a muchos jefes de la guerrilla y de las fuerzas de seguridad eludir la acción de la justicia en casos de abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por sus subordinados, explicó el movimiento.
Asimismo AI señaló que Colombia ha avanzado mucho desde sus años más violentos. Sin embargo, continúan cometiéndose abusos y violaciones de derechos humanos contra comunidades marginadas, en particular contra las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como contra defensores y defensoras de los derechos humanos, como líderes comunitarios, sindicalistas y activistas del derecho a la tierra.
“La mayoría de estos ataques, muchos de ellos atribuidos a grupos paramilitares que continúan activos pese a su supuesta desmovilización hace un decenio, no se producen en el contexto de combates y a menudo son consecuencia de intereses económicos. Muchas de esas comunidades expuestas a sufrir ataques son precisamente las que luchan contra la explotación de sus tierras y territorios por negocios mineros, de infraestructura, industriales y agroindustriales”, ha explicado Erika Guevara-Rosas, quien tambien advierte que poner fin a las hostilidades entre las fuerzas de seguridad estatales y las FARC podría no contribuir mucho a acabar con tales ataques si las autoridades no toman medidas efectivas para combatir a los grupos armados que atacan a civiles y llevar ante la justicia a quienes les prestan apoyo desde la administración del Estado, la política y el mundo empresarial.
“Para que un acuerdo de paz sea efectivo y duradero debe también aplicarse en estrecha consulta con las personas, grupos y comunidades que se han visto afectadas por este conflicto sangriento durante decenios. De lo contrario, será poco más que meras palabras sobre el papel”, ha añadido Erika Guevara-Rosas.
Los derechos humanos en Colombia en 10 cifras
7,9 millones: víctimas del conflicto armado, casi la mitad de ellas mujeres. (Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, septiembre de 2016)
6,9 millones: víctimas de desplazamiento forzado. (UARIV)
267.000: homicidios relacionados con el conflicto, en su mayoría de civiles. (UARIV)
4.392: víctimas de posibles ejecuciones extrajudiciales registradas por la Fiscalía General de la Nación (Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, marzo de 2016).
46.386: víctimas de desaparición forzada (UARIV).
29.622: secuestros (UARIV).
11.062: víctimas de minas terrestres antipersonal y artefactos explosivos no detonados (UARIV)
8.022: niños y niñas soldados utilizados por los paramilitares y la guerrilla. (UARIV)
63: defensores y defensoras de los derechos humanos víctimas de homicidio en 2015, entre ellos líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Cincuenta y dos en los nueve primeros meses de 2016. (Programa Somos Defensores).
20: miembros de sindicatos víctimas de homicidio en 2015 (Escuela Nacional Sindical).
