El grupo de periodistas y analistas responsables de hacerle seguimiento a alias Marquitos Figueroa y al gobernador de La Guajira, Juan Francisco “Kiko” Gómez Cerchar, instó nuevamente a las autoridades a replantear el esquema policial en el departamento, permeado, supuestamente, por episodios de corrupción. Además, reiteraron que pese a que las denuncias en contra de los dos individuos capturados fueron hechas a lo largo de dos años, solo fue hasta la semana anterior, que se procedió a la captura del Gobernador.
Por medio de una carta los periodistas e investigadores León Valencia, Claudia López, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila, radicados temporalmente fuera del país por amenazas de muerte, reafirmaron sus inquietudes ante el presidente Santos; el fiscal general, Eduardo Montealegre y el comandante general de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino, acerca de los presuntos nexos existentes entre la Policía de la Guajira, la mafia local y grupos paramilitares.
El grupo investigativo conformado en su mayoría por miembros de la fundación Arcoíris, se mostró entusiasta frente a la medida de aseguramiento imputada por la Fiscalía al Gobernador de la Guajira, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, además de presuntos nexos con grupos paramilitares.
“Respaldamos totalmente a la Fiscalía General de la Nación y confiamos que su acción investigativa judicial avance con eficacia y celeridad para desenmascarar y desvertebrar esa peligrosa estructura criminal”, señala la carta enviada por el cuarteto de investigadores.
Según dicta el documento, los hechos registrados durante la captura del Gobernador, en los que agentes del CTI fueron agredidos, “evidencian los fuertes vínculos de miembros de la Policía de la Guajira y el Cesar con esa banda criminal”.
Asimismo expone la posesión de la Fiscalía sobre las pruebas meritorias de señalar a Gómez como un “puente entre miembros de la Policía y el Ejército y los narcoparamilitares de las AUC desde mediados de los años 90”.
Indica también, la carta, que Figueroa era la mano derecha de Gómez Cerchar, con quien organizaba mecanismos para la compra de armas, vehículos y las conversaciones con la Fuerza Pública. No obstante la carta enfatiza en asegurar por parte de las autoridades que este tipo de medidas no continúen bajo el marco de la impunidad.
“Señor Presidente Santos y Señor General Palomino en sus manos y responsabilidades institucionales está romper esos vínculos y depurar las instituciones afectadas. Sin su concurso y compromiso para restablecer la legitimidad estatal en la Guajira y el Cesar, la valerosa acción de la Fiscalía quedará truncada y la vida de miles de colombianos, incluida la nuestra, seguirá expósita a los perniciosos vínculos entre política, criminalidad y connivencia estatal”, concluye la misiva.
