Al menos dos senadores incluidos en la lista de 27 parlamentarios a quienes la Corte Suprema de Justicia les abrió investigación preliminar por votar en la reelección del procurador Alejandro Ordóñez sin haberse declarado impedidos argumentan que en el momento de dicha votación no tenían ningún proceso en la Procuraduría.
El primer caso es el del senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo. Confidencial Colombia tuvo acceso a un documento de la Procuraduría en el que la Secretaria Auxiliar para Asuntos Disciplinarios corrige lo referido al senador y afirma que “no le aparece proceso disciplinario activo”. (Ver documento)
La carta está radicada el 27 de noviembre del 2012 está dirigida a la Secretaria privada de la Procuraduría General de la Nación, Ana María Silva Escobar. En ella Martha Patricia Ríos Cardona, Secretaria Auxiliar para Asuntos Disciplinarios “corrige” una equivocación de la misma entidad, en la que aparecía el senador Robledo. La comunicación relaciona la lista de los congresistas que si tienen investigación disciplinaria hasta esa fecha, en la que aparecen 12 nombres.
El día anterior al citado documento, es decir, el 26 de noviembre el Ministerio Público le había entregado al Senado una lista de 13 congresistas que estaban siendo investigados por posibles faltas disciplinarias, dentro de la cual sí se encontraba el nombre de Jorge Enrique Robledo. La entidad, en este documento interno corrige el error, pero aun así la Corte Suprema de Justicia, en el listado de los congresistas con indagación preliminar incluye al senador del Polo democrático.
El otro caso es el del senador Luis Fernando Velasco que tuvo un proceso por parapolítica que fue cerrado en la procuraduría y luego en la misma Corte antes de la votación por Ordoñez. Velasco considera que le están violando sus derechos fundamentales, dado que la notificación del cierre de su investigación en la procuraduría debió llegar a la Corte, y así ser excluido de este proceso. Ver Consulta de Asuntos Disciplinarios del Senador
Los senadores consideran que es una irresponsabilidad institucional de la Corte y de la procuraduría que hacen los anuncios de las investigaciones sin corroborar la información que ellas mismas han corregido internamente.
