Después de varios meses dedicados en llegar a un acuerdo para la mejora agrícola y el desarrollo rural, finalmente, en días pasados, los labriegos tomaron la decisión de suspender las mesas de negociación con el Gobierno. Ahora, el ministro de agricultura, Rubén Darío Lizarralde, radicó el proyecto de Ley de reactivación agropecuaria, con el fin sanear las deudas de los campesinos que se encuentran en mora.
Paro agrario, pacto agrario, campesinos y Gobierno son algunos de los términos que se han escuchado en los dos últimos meses, a raíz de la situación económica por la que está atravesando el gremio agro.
La disputa entre campesinos y Gobierno por saber cuál de las dos partes cumplía con lo pactado en las mesas, provocó la desintegración de las conversaciones, dejando el tema a mitad de camino y sin probabilidades de una solución cercana.
De acuerdo con el jefe de la cartera con la radicación de este proyecto, alrededor de 32 mil campesinos, en peligro de quedar excluidos del sistema financiero al ser reportados como morosos, se verán beneficiados.
Asimismo, busca reactivar no solo el sector agropecuario, sino también el pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, con un paquete de medidas financieras y disposiciones para fortalecer la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Corpoica.
En la radicación del proyecto estuvieron presentes, además del Ministro de Agricultura, los senadores Nora García Burgos y Carlos Ramiro Chávarro y los representantes Juan Manuel Campo Eljach y David Barguil.
Las dos caras de la moneda
La senadora Nora García, del Partido Conservador, quien hizo parte de la radicación del proyecto de Ley de reactivación, afirmó que durante más de un año el Gobierno se dio cuenta que debido a los problemas que los campesinos tenían en sus cosechas o en sus trabajos habituales, no tenían la capacidad de acceder a un crédito en los bancos o en tal caso, aquellos que contaban con un préstamo, no podían cumplir con los pagos.
“Es un ‘alivio financiero’, el cual todos los campesinos y agricultores de Colombia lo van acoger dentro de esta crisis” aseguró García.
Igualmente, reiteró que las relaciones entre Gobierno y campesinado se van a arreglar gracias a esta nueva Ley que el Congreso aprobó. “Nosotros queremos combatir la pobreza y crisis agropecuaria. Estoy casi segura que será una excelente herramienta”.
Asimismo, la Senadora dijo que la llegada de este proyecto en absoluto es una forma para que el jefe de la cartera de agricultura, quien fue muy criticado por la falta de presencia dentro del proceso de negociación y la poca participación en las mesas de dialogo, mitigará su mala situación frente al campesinado.
Sin embargo, el punto de vista del vocero de los campesinos, Héctor Centeno, es muy distinto al de la Senadora. De acuerdo con Centeno, este proyecto no es más que un “contentillo” por parte del Gobierno, ya que lo que está pidiendo el gremio es la cancelación de las deudas y no una refinanciación a diez años. De la misma manera, es necesario que el Estado le perdone las deudas a los labriegos puesto que la situación económica por la que están atravesando no es culpa de ellos sino de las políticas del país.
“Esto no es más que un pañito de agua tibia para tranquilizar al movimiento campesino pero realmente no han tratado las cosas de fondo. La idea no es que permanezca solo por este año o solo por el gobierno de Santos”.
