La élite criolla presenta al país como un caso exitoso: Colombia es el nuevo emergente de la región; solicitó ingreso al club de la OCDE; redujo “sustancialmente” el narcotráfico; y está aportas de terminar un conflicto de medio siglo. No obstante, cuando se trata de poner dinero para implementar la paz, ésta no muestra intención de meter la mano a sus bolsillos, pone el sombrero a la espera de que otros laven sus culpas.
El Presidente Santos aprovecha escenarios multilaterales e intercambios internacionales en busca de apoyo político para la paz, al tiempo que busca financiación para el postconflicto. En pocos días estuvo en la ONU, recibió visitas de relevancia como la de Carlos de Inglaterra y ha emprendido gira por España, Bélgica, Alemania, Portugal, Francia y Reino Unido. Europa es el destino predilecto del Presidente para ventilar los avances de la búsqueda de la paz y no le falta razón, pues allí, la salida política al conflicto, encuentra más respaldo que en Estados Unidos.
Aunque en los últimos años solo Alemania y los Países Bajos han sido donantes importantes, la Unión Europea sigue siendo la segunda fuente de cooperación internacional para el desarrollo en Colombia. La UE tiene más de 12 años apoyando laboratorios de paz, de los cuales el más conocido es el de Magdalena Medio, a pesar de que hay mas, los programas de desarrollo y paz agrupados en la Redprodepaz, y recientemente, otro esfuerzo llamado Nuevos Territorios de Paz en Caquetá, Guaviare, Canal del Dique y Bajo Magdalena, zonas claves para la superación de pobreza, redistribución de tierras, el afianzamiento del estado social de derecho, la sustitución de cultivos de coca y la finalización del conflicto.
Con España y Portugal se puede aspirar a obtener respaldo político que no económico. Mas bien los líderes de esos países están tratando de conseguir lugares para negocios en su intento por estabilizar sus economías. Bélgica se ha caracterizado por ser un referente político valioso, debido al peso que tiene Bruselas en la Comisión Europea. Francia tiene poco que ofrecer en este momento y el reciente editorial de The Economist muestra la tendencia que existe en Reino Unido favorable a la gestión de Santos. Alemania es por sí solo el cuarto donante directo de cooperación a Colombia y es la economía de mejor desempeño en medio de la crisis de la Unión. La agencia alemana GIZ viene ampliando su presencia en Colombia con nuevas oficinas en varios departamentos y cada vez más programas, entre los cuales se destaca su interés por los temas de tierras, derechos indígenas, mecanismos de participación y poder local.
Los países nórdicos han brindado su apoyo a la construcción de paz en las regiones hace varios años, desde cuando el proceso del Caguán. Suecia, Suiza y Dinamarca han tenido agencias que respaldan proyectos de organizaciones de mujeres, trabajadores y derechos humanos entre otros. Noruega acompaña el actual proceso con las FARC y, más recientemente, se ha mostrado interesado en apoyar iniciativas ambientales del país. Holanda también ha invertido en proyectos relacionados con parques naturales y en Amsterdam hay ONGs que empiezan a velar porque las multinacionales que operan en Colombia al menos respeten los principios rectores del desarrollo alternativo o los guidelines de la OCDE.
Estados Unidos es el primer “donante”
En 1997, el Colombia Human Rigths Committee de Washinton, organizó una serie de charlas sobre la guerra a las drogas y yo estuve exponiendo los daños causados a las poblaciones campesinas por las fumigaciones. En el Departamento de Estado, me dijeron que a ellos les interesaba “salvar a Colombia de tanta gente mala”, pero en 2004 en una nueva reunión con congresistas republicanos, éstos me comentaron que estaban haciendo lo correcto al poner dinero para hacer “la parte fea de la estrategia”, algo así como la mano dura, mientras que a los europeos les correspondía hacer “la parte amable”, algo así como el corazón grande. En esa década la agencia USAID aumentó su presencia en Colombia y apoyó varios proyectos en Putumayo y otras partes, logrando pocos éxitos en superación de pobreza y en poner los productos campesinos del frágil desarrollo alternativo en los supermercados.
Los preacuerdos de La Habana hacen mención de la necesidad de contar con cooperación internacional en su implementación. Previendo esto, hace unos meses una misión de la ONG estadounidense WOLA se reunió con varias delegaciones diplomáticas en Bogotá y Washington, en el ánimo de conocer su nivel de preparación para ayudar en el postconflicto. La respuesta de USAID es que estamos lejos de la “bonanza” que se tuvo en los primeros años de Plan Colombia. En efecto, el flujo de recursos de Estados Unidos para la lucha contra drogas como fuente de finanzas de las FARC tuvo su auge en la primera mitad de la década anterior y hoy dichos recursos no llegan anualmente a la mitad de lo enviado en 2003. Un reciente estudio que hizo la Fundación Ideas para la Paz reporta que el mayor cooperante durante los últimos 14 años ha sido US, pero de ese apoyo la mayoría ha sido para financiar fumigaciones, erradicación, Fiscalía, justicia, inteligencia militar y policial, entrenamiento y otras actividades propias de la estrategia estatal para enfrentar la guerra interna.
Según planes concebidos en Estados Unidos, la USAID se retiraría en pocos años de Bogotá. En varios foros funcionarios gubernamentales de Colombia aceptan que ya se cumplió la función de dicha agencia y que corresponde ahora a las entidades nacionales asumir lo que falta o darle continuidad a los proyectos iniciados con el apoyo de ella. A su vez representantes de ese país advierten que Colombia es un caso que ejemplifica el éxito de su intervención al contener el flujo de drogas hacia su mercado, pero también de triunfo de las instituciones democráticas sobre la amenaza terrorista que enfrentaban hace 16 años. No piensan igual las ONGs de derechos humanos de Estados Unidos que consideran necesario que así como su país dio plata para financiar la guerra, ahora también aporte a edificar la paz, sobre todo en la reparación a las víctimas, el reconocimiento de nuevas fuerzas políticas y en la construcción de la verdad.
Ingresando al club de los ricos
Durante la última década Colombia ha suscrito una veintena de tratados de libre comercio, acordó con muchos la protección recíproca de inversiones y actualmente busca su ingreso pleno a la organización para la cooperación y el desarrollo OCDE, el club de países económicamente más desarrollados. El Presidente Santos se reunirá en París con el Secretario General de este grupo, seguramente, para gestionar el rápido reconocimiento de dicho estatus. Sin embargo, éste ingreso extenderá mas la percepción de que el nuestro es un país de renta media, en el que el crecimiento económico es importante al tiempo que tendrá que pasar de receptor de ayuda a ser donante. La agencia presidencial de cooperación internacional -APC- ya tiene más de 5 años enviando misiones técnicas de Colombia a otras naciones en desarrollo, mientras que la Policía ha prestado asistencia a México en lucha contra drogas y son varias las asistencias contra el crimen organizado a países críticos como Honduras. El mismo Ministro de Defensa reconoció hace pocos días en una reunión con sus hombres que el Ejército debía especializarse en misiones internacionales de paz o en atención de catástrofes ambientales.
Lo curioso es que los diplomáticos y las agencias presentes en Bogotá saben estas informaciones. Pero ellos también ven el nivel de crecimiento económico interno, a la vez que han escuchado de la concentración de la riqueza nacional. Muchos de ellos además consideran que el objetivo de su presencia en el país ya se cumplió. Las agencias de cooperación de emergencia cumplen una función en medio de hambrunas, terremotos, epidemias o en la mitigación de efectos de conflictos armados. Firmada la paz y siendo miembros plenos de la OCDE varios creen que la tarea ahora corresponde al presupuesto nacional, que muchas de sus acciones deben ser atendidas mediante políticas públicas y que su objeto tiene más sentido en países africanos.
El uso del chaleco ajeno
Por años varias comunidades se acostumbraron en medio del conflicto a ver carros diplomáticos o de asistencia técnica. Claramente, ONG del norte financiaron a sus pares y comunidades de base con pequeños proyectos. Gobiernos y agencias de cooperación ingresaron al país recursos que, como en el caso de Oficinas de Naciones Unidas llegaron a los territorios en forma de alimentos, kits agrícolas, medios de transporte, unidades de vivienda, sistemas de agua y sencillos pero valiosos equipamientos para la población, entre otros. Sin embargo, la crisis de los países donantes ha conllevado el desfinanciamiento de varias de ellas, muchas de las cuales ha optado por convertirse en “operadores” de recursos del Estado colombiano.
En efecto, durante los últimos años, la institucionalidad nacional caracterizada por su lentitud en los procesos de contratación y ejecución ha decidido aprovechar el régimen de administración de recursos, el personal y la logística de agencias de Naciones Unidas u otras para buscar la generación de confianza mediante proyectos en las regiones. Y no es solo ahora por el proceso de paz en curso. En este caso, del tesoro nacional sale la plata y el cooperante “presta el chaleco” lo que a veces facilita el ingreso a sitios remotos, donde el agradecimiento se lo lleva la agencia internacional pero la comunidad sigue sin reconocer al Estado colombiano. Por supuesto, también se presenta la otra cara en la que, por ejemplo, la Unión Europea ha puesto el dinero para un programa pero un Departamento de la Presidencia se lo apropia y hace propaganda con el chaleco de la prosperidad. Las dos situaciones han generado tensiones a la vez que confusión en las comunidades a las que la mayoría de las veces no les importa quien pone el presupuesto sino que se hagan las cosas que reclaman, mientras que para funcionarios de Consolidación Territorial lo más importante es lograr que las comunidades reconozcan a su propio Estado.
El empleo de operadores de recursos sean cooperantes oficiales o no oficiales, estaduales o descentralizados también pone sobre el tapete la discusión sobre cuánto de los recursos de cooperación llega efectivamente a las comunidades. Hay casos en los cuales de cada 100 dólares sólo llegan 30 a la comunidad debido al entramado de trámites, cobros por administración, uso de técnicos y expertos, lo cual supone un desafío a la hora de decidir si se acude a la cooperación de chaleco o si es el propio Estado quien con las comunidades desarrolla sus proyectos.
“Green washing”
Los pedidos por comercio justo entre países más que caridad cedieron ante el modelo único de “agronegocios” que se expandió por el mundo. En el caso de Colombia, el lema “confianza inversionista” abrió camino a la “locomotora minero energética” y varios países compiten para ver quien rebaja más sus tributos y quien remueve más rápido las normativas ambientales o sociales que puedan ser obstáculo para la llegada de capitales detrás de recursos naturales. A los campesinos se les invita a aprovechar los “nichos de mercado” en el modelo exportador sin decirles nada sobre las fluctuaciones de precios internacionales para los llamados productos sustitutos de la coca, que no son más que los mismos productos tradicionales con los que otros han fracasado.
Sin embargo, las grandes compañías con intereses en Colombia, en medio de la llamada responsabilidad social empresarial tienen la oportunidad de lavar sus culpas con publicidad en grandes medios o con alguna escuelita construida en la zona donde operan. Empero esta técnica no es propiamente de empresas, sino también de estados y jefes de gobierno, incluso de reyes y príncipes, que ven en nuestro país una oportunidad de hacer negocios pintándose primero la cara de verde. Por eso no es de extrañar que a los visitantes de los últimos días se les invite a conocer la Sierra de la Macarena o la Sierra Nevada de Santa Marta o a sobrevolar parte de la Amazonía o del Chocó. El “green washing” es una buena forma de vender bondades y caridades.
Epílogo
Claro que hay que buscar cooperación y lo único atractivo de Colombia por estos días en el agitado orden internacional es el proceso de paz, la salvación de los últimos nómadas o los bosques ecuatoriales que aun tenemos. No hay que desconocer sin embargo, que los preacuerdos de La Habana contienen temas que son de competencia nacional, exigen cambios legales en tierras, decisiones de política en drogas y sobre todo voluntad de abrir el estrecho sistema democrático que se tiene. Pero en el desminado, en la atención y reparación de víctimas, en la reincorporación de combatientes, en la justicia transicional y en los nuevos conflictos sociales, ambientales y económicos que se ven venir en el postconflicto no cae nada mal el apoyo internacional con acompañamiento técnico y financiero.
Pero estamos en un momento en el que Colombia no pesa en el escenario internacional de cooperación. Los dirigentes de Estados Unidos viven ocupados con los intereses que tienen en juego en medio Oriente y en África Norte. Allá, usando el chaleco unas veces de OTAN y otras el del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas despliega tropas e intervienen por razones geopolíticas menoscabando la soberanía de países. A su vez los líderes de la Unión Europea también tienen su propia agenda de seguridad y comercio. Las dos potencias fuertes de hace 15 años enfrentan duras situaciones en sus economías nacionales que les impiden mantener los niveles de cooperación humanitaria y para el desarrollo. Finalmente, China y los asiáticos emergentes ven a Latinoamérica en función de negocios y de su demanda creciente de materias primas para sus industrias altamente dependientes de recursos naturales.
