De acuerdo con las cinco organizaciones demandantes, cerca del 40% de las 48.000 mujeres y niñas víctimas de violencia sexual reportadas en los últimos tres años no han accedido al sistema de salud. Grave problema que debe ser atendido seriamente por el Estado.
Hoy se conoció que la Corte Constitucional admitió una demanda interpuesta por cinco organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres que buscan dar un paso para resolver el grave problema al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual en Colombia, derivado de la falta de atención en salud.
De acuerdo con las organizaciones, en los últimos tres años más de 48 mil mujeres y niñas llegaron a Medicina Legal como posibles víctimas de violencia sexual, pero cerca del 40% de ellas no fueron atendidas por el sistema de salud, y las que sí lo fueron recibieron una atención inadecuada. Este es un problema de grandes dimensiones que debe ser atendido de manera inmediata y seria por parte del Estado.
Para responder a este problema, en 2012 fue adoptado por el Ministerio de Salud un Protocolo de Atención en Salud a Víctimas de Violencia Sexual, de obligatorio cumplimiento, que ordenaba al sistema a buscar activamente a las víctimas de violencia sexual, a informarles sobre sus derechos en salud y a atenderlas integralmente en términos físicos y psicológicos de una forma digna. El protocolo estaba siendo aplicado, con dificultades, hasta que en 2014, con la expedición de la ley de atención a víctimas de violencia sexual (Ley 1719), dicho protocolo se volvió opcional.
Para las organizaciones demandantes, esto es un retroceso inaceptable pues no es opcional atender el grave problema de violencia sexual del país. Aplicar el Protocolo de atención en salud a víctimas de violencia sexual de manera obligatoria contribuye a garantizar trato digno y servicios integrales para las cerca de 44 mujeres que a diario sufrieron violencia sexual en Colombia en los últimos tres años.
