Desde el 17 de diciembre es obligatorio garantizar, sin necesidad de denuncia, acceso a servicios gratuitos, inmediatos, confidenciales, dignos e integrales.
La Corte Constitucional emitió la sentencia C-754 de 2015 que obliga a los prestadores de salud a brindar todos los servicios necesarios para la recuperación física y mental de las víctimas de toda forma de violencia sexual, incluido el aborto. Estos servicios están contenidos en el Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual del Ministerio de Salud que la decisión convierte en obligatorio.
A partir de hoy se reafirma que se debe cumplir la Ley 1719 según la cual las víctimas de violencia sexual, sin necesidad de denuncia, pueden exigir servicios de salud gratuitos, inmediatos, confidenciales, dignos e integrales. Las organizaciones demandantes informaron que “de acuerdo con el Protocolo, ahora obligatorio, las víctimas de violencia sexual pueden reclamar, entre otros, acceso al aborto, exámenes y medicamentos para detectar y tratar infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA, anticoncepción de emergencia para prevenir embarazos y tratamiento para su salud mental, además todas las instituciones de salud del país deben contar con el personal suficiente que preste estos servicios, sin que puedan alegar objeción de conciencia institucional”.
La sentencia constituye un importante primer paso para atender a las víctimas de violencia sexual en Colombia, la gran mayoría mujeres y niñas, lo cual es vital para la construcción de una paz duradera. Experiencias de países como Guatemala o Perú han demostrado que negar servicios de salud oportunos e integrales a las víctimas de violencia sexual hace más difícil la superación de los conflictos armados.
Esta sentencia, es el resultado de la demanda que cinco organizaciones de derechos humanos y derechos de las mujeres interpusieron ante la gravedad del problema. Ahora que el Protocolo es obligatorio las demandantes esperan que las autoridades competentes tomen inmediatamente medidas para asegurar y vigilar su cumplimiento.
La demanda contó con el apoyo de organizaciones de mujeres nacionales y regionales, y de sobrevivientes de Bogotá, Cauca, Tolima, Nariño, Valle, Meta y Chocó, quienes a través de intervenciones ciudadanas (Amicus Curiae) ante la Corte, expusieron argumentos basados en su trabajo directo con víctimas de violencia sexual y sus experiencias personales. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, la Iniciativa de las Mujeres Premio Nobel de la Paz, organizaciones médicas humanitarias y de apoyo psicosocial, acádemicos nacionales e internacionales y el mismo Ministerio de Salud también expresaron su apoyo a la demanda a través de dichas intervenciones ciudadanas.
