El informe del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria señaló que la crisis humanitaria derivada del conflicto colombiano, que se manifiesta en reclutamiento de niños, violencia sexual y minas antipersonales, es el gran tema pendiente en la mesa de diálogos en La Habana. El documento insiste en la necesidad de avanzar a un cese bilateral de fuegos entre las partes.
En Colombia, el conflicto armado continúa. Las Farc y los demás actores ilegales siguen reclutando niños, la violencia sexual sigue siendo un arma de guerra, las minas antipersonal siguen mutilando a soldados y campesinos y la sociedad civil hace frente a los combates en medio del fuego cruzado.
Sin embargo, las negociaciones en La Habana se llevan a cabo en medio del conflicto, sin ceses al fuego bilaterales ni concesiones humanitarias. El ejército sigue arreciando contra comandantes, frentes y columnas de las Farc y la insurgencia responde con tatucos y ataques a puestos de policía en pueblos remotos del país.
El “fantasma” del proceso de paz del Caguán, que ofreció ceses al fuego y despejes, ha marcado la tendencia de este nuevo intento de paz. El gobierno, en cabeza del presidente Santos, ha insistido en “no repetir los errores del pasado” y por eso no aceptó la solicitud de las Farc de cesar los ataques, aún cuando esa guerrilla llevó a cabo un cuestionado cese unilateral durante dos meses.
Bajo esta lógica avanzan los acuerdos y el domingo pasado las partes anunciaron que llevaron a un primer gran consenso, el que tiene que ver con el uso y acceso a la tierra y el desarrollo rural. Los llamados a la paz pasan incluso por la “humanización del conflicto”, como ha propuesto en varias ocasiones el expresidente Samper, pero la idea del gobierno es no descansar en la lucha militar hasta que se firme la terminación del conflicto.
En medio de esta coyuntura, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria emitió un informe titulado Colombia: Entre la crisis humanitaria y la esperanza de paz” en el que expresa su preocupación por la ausencia de los temas humanitarios, cuya situación es de extrema gravedad en el país, dentro de los temas de la agenda de negociación entre el gobierno y las FARC.
El informe señala que “la decisión de realizar los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP en medio del conflicto es legítima y posible, pero representa numerosos riesgos, muchos de ellos en el ámbito humanitario, que deben ser conocidos y, en su caso, minimizados, pues pueden afectar de modo importante el proceso de paz”.
El documento insiste en que el conflicto armado sigue causando heridas en el tejido social colombiano. Afirma que las Farc y las Bandas Criminales siguen reclutando niños y niñas para la guerra, que las mujeres siguen siendo violentadas y que los campos están, como siempre, llenos de minas antipersonales.
El informe basa su diagnóstico en entrevistas sostenidas con representantes y miembros de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales presentes en Colombia, y en cifras y estadísticas que de la crisis humanitaria en Colombia hacen organismos de cooperación y labor social.
El informe dice que, “por último, un importante grupo cree que deben abordarse ya desde ahora las consecuencias humanitarias del conflicto y que la Mesa debe aprobar algunas medidas que mitiguen los efectos del conflicto y den señales de compromiso de las partes con las víctimas y la paz real. Un entrevistado expresó gráficamente que “hay que visibilizar lo humanitario al máximo, así se caiga el proceso””.
