Pacho Santos asegura que la ‘tutelatón’ ejecutada por el alcalde Gustavo Petro solo le sirvió para “arrinconar a la justicia”, no obstante, insiste en que una posible despedida al mandatario hay que hacerla por medio de la revocatoria de mandato.
Pacho Santos, mayor antagonista del uribismo al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo hincapié en que la decisión del Consejo de Estado de negar la tutela que interpuso la defensa del alcalde contra el fallo de la Procuraduría, no supone un girón estratégico para su campaña por la revocatoria del dirigente de la capital.
El exvicepresidente precisó que el rumbo que le dio el Consejo de Estado al caso Petro “no aclara absolutamente nada”, puesto que el fallo aún sigue suspendido. No obstante, reconoció que la ‘tutelatón’ implementada por el dirigente para hacerle frente a la sentencia del Ministerio Público logró ganarle tiempo y “arrinconó a la justicia”.
“La ‘tutelatón’ le funcionó para presionar a la justicia pero a nosotros (los bogotanos) no nos funciona. Continuamos con el lema de que los ciudadanos tomen el futuro de la ciudad en sus manos, que no dependan de tutelatónes o abusos al derecho”, anotó Santos.
Asimismo, menciona que la maratón de tutelas no ha hecho más que “inundar” al Conejo de Estado con medidas a las que él considera como un “abuso al derecho” de Colombia. En efecto, dijo que estos “abusos” no han logrado frenar la decisión del Procurador –por tal razón- la campaña “Sí Bogotá, Chao Petro” continúa.
En contexto, la iniciativa que Pacho, junto a Miguel Gómez y varias figuras de la política adelantan, propone hacer una revocatoria de mandato por medio de una votación para que, según indicó, los bogotanos sean quienes decidan decirle “chao” a Petro.
El enclave señalado por el uribista hace parte de los múltiples puntos de quiebre a los que Gustavo Petro se ha tenido que enfrentar y de los cuales no ha logrado salir del todo favorecido.
El más reciente, la decisión del Conejo de Estado de negar la tutela que la defensa del Alcalde emitió para tumbar la destitución e inhabilitación por 15 años que el procurador Alejandro Ordóñez dictó en contra del dirigente el pasado 9 de diciembre. Vea la apretada deliberación del organismo.