El congresista Iván Cepeda, uno de los demandantes de la ley que amplió el fuero penal militar le dijo a Confidencial Colombia que la decisión de la Corte Constitucional de tumbar esta disposición legislativa fue recibida con beneplácito, no solo por él sino por otros congresistas y organizaciones de derechos humanos que abogaron por que esta demanda prosperara por vicos de fondo.
Afirmó que la ampliación del fuero militar iba a dar lugar a múltiples y graves consecuencias por cuanto profundizaría la impunidad de por sí ya crónica y sistemática con relación a violaciones de derechos humanos. “Hechos como los mal llamados falsos positivos quedarían sin ningún tipo de sanción judicial como también la ampliación de la guerra y las acciones abusivas y ultrajantes por parte de los miembros de la fuerza pública”.
Reveló que por lo menos cuatro de los casos registrados en las protestas y bloqueos pasados en donde hubo abuso de la fuerza y uso de armas de fuego contra la población civil, ya estaban siendo tratados e investigados por fiscales y jueces militares.
Cabe anotar que quienes demandaron esta medida consideraron que aparte de las irregularidades de forma en la aprobación de la ley, el Congreso omitió las cifras sobre impunidad que llegan al 98 por ciento en las denuncias por falsos positivos y ejecuciones extrajudiciales, entre otros delitos endilgados a uniformados al servicio del estado.
Cepeda explicó que la ampliación del fuero penal militar que implica dejar la administración de justicia a los uniformados para que diriman sobre sus propios hechos punibles, es todo un riesgo para un país en guerra, caracterizado por alta impunidad y en donde muchos nacionales de corta edad resultaron víctimas de acciones castrenses.
En su consideración, el Congreso desestimó las advertencias hechas por la Corte Penal Internacional, el Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU, las del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la misma Human Rigths Watch.
La demanda a la ampliación del fuero penal militar fue radicada el 19 de febrero de 2013 por los congresistas Iván Cepeda, Germán Navas, Ángela María Robledo y Guillermo Rivera. A ellos se sumaron los juristas Ramiro Bejarano y Santiago Medina, también la ONG Comité de solidaridad con los presos políticos y la ONG Colombiana de Juristas.
Están vendiendo un cuento chino
De acuerdo con el señor Cepeda, el Ejército, la Policía y la Armada han actuado sin ningún contratiempo durante décadas con el fuero militar hasta el momento en que se presentó la controvertida reforma. Dijo que no es cierta esa imagen que algunos han querido propagar ni esa sensación que han querido dejar en la opinión pública en el sentido que hay una inseguridad jurídica para los miembros de las fuerzas militares y de Policía. “No hay tal cosa porque la Fuerza Pública puede seguir defendiendo la soberanía y protegiendo a los nacionales, pero sin la opción de delinquir por el uso y abuso de las armas, el asunto es garantizar plenamente los derechos humanos”.
Aclaró que a decisión del Alto Tribunal es clave porque en los procesos judiciales en donde se determina la responsabilidad de miembros del Ejército, de la Policía o de la Armada en la violación de los derechos humanos, se puede actuar con más transparencia, haciendo uso de la justicia y aplicando las penas a que haya lugar.
Consideró que en Colombia no hay una justicia eficiente que lleve a las cárceles a todas las personas que se presume han violado la ley o los derechos humanos, por el contrario, anotó, hay una justicia muy débil que produce escasos resultados por lo que no hay argumentos para buscar reforzar el fuero penal militar.
Para el congresista uno de los aspectos que preocupaba en la reforma presentada por el gobierno a instancias del legislativo es que distorsionaba gravemente los principios del Derecho Internacional Humanitario pues creaba una figura que desconocía el principio esencial del DIH como lo es la figura del blanco legítimo, es decir, la idea que un miembro de la fuerza pública puede actuar utilizando una fuerza desproporcionada con relación a una persona que presuma que está en una condición de combatiente o de aliado de este.
“Esta es una clara forma de desdibujar un principio rector del derecho humanitario como lo es la regla perentoria de distinguir en todo momento a los combatientes de los no combatientes”, declaró Cepeda.
El gran temor del Representante era que de no haberse declarado inexequible o inaplicable la ampliación del fuero penal militar, como lo hizo la Corte Constitucional, los casos en los que hay una investigación avanzada hubiesen podido ir a la justicia penal militar terminando dichos casos en la impunidad. “Además otorgaba a la justicia penal militar la potestad de investigar a los uniformados que cometieran excesos en combates, operativos o acciones similares. La ley incluía el llamado blanco legítimo, que permitía al ejército disparar contra cualquier civil solo por sospecha”.
La caída del fuero militar deja sin piso jurídico la ley que lo reglamentó y que fue aprobada en la pasada legislatura originando distancias abismales entre congresistas y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Esta decisión permite que el Consejo Superior de Judicatura continúe solucionando conflictos de competencia, lo que quiere decir que definirá si los procesos en los que estén involucrados militares serán juzgados por la justicia ordinaria o la penal militar.
La apuesta debe ser por la paz
Según cepeda, lo ideal es ponerle fin al conflicto armado, pero anota que hay hechos contradictorios porque mientras el gobierno afirma que quiere llegar a un acuerdo de paz que de por finalizado el desencuentro, por otra parte sigue llevando al Congreso una legislación y unas medidas que tan solo intensifican l confrontación armada.
“Hay que ponerle punto final a la guerra para poder progresar y llevarle un verdadero futuro a Colombia en donde la inversión le de bienestar y calidad de vida a los colombianos”, sostuvo el congresista.
Estimó que sin duda hay un deseo de paz en el país el cual se puede cristalizar, pero indicó que para ello se necesita avanzar en las negociaciones, en el acuerdo y sobretodo en la disminución de las hostilidades y de la guerra en Colombia.
Argumentó que por los precedentes hay que buscar mecanismos que llenen de verdaderas garantías el proceso de paz para que no se repita el fenómeno de asesinatos de líderes de la guerrilla que luego de negociar la paz y deponer las armas fueron ultimados por agentes estatales como fue el caso de Guadalupe Salcedo y los dirigentes del M-19. “Si hay salida negociada, tenemos que dar ejemplo porque la historia no se puede repetir cuando llegue la paz, no podemos seguir con este tipo de fenómenos pos conflicto”.
