Esta fue la principal idea para la erradicación y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos que las Farc propusieron en el desarrollo de este nuevo ciclo de trabajo en La Habana. La delegación guerrillera propuso que, junto con los campesinos, y sin la presencia militar se desarrolle esta actividad en las zonas del país en donde los cultivos ilícitos son la principal fuente de trabajo.

En ese mismo tono, las Farc también exhortaron a que estas zonas también estén exentas de explotación minera o de hidrocarburos, además de la suspensión total de la fumigación aérea de cultivos ilícitos.

En el documento, la guerrilla insiste en la creación de un “Programa nacional de sustitución de los usos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana” el cual esté totalmente financiado por el Estado para que reemplace la prohibición por “sustitución voluntaria”.

Asimismo reafirmaron la intensión de regular los cultivos ilícitos y la gran voluntad del campesinado para la sustitución en un marco de posibilidades para una vida digna en el campo: “Un fundamento indiscutible de esa salida se encuentra en el carácter voluntario y concertado y, por tanto, en la manifiesta voluntad política de las comunidades campesinas de transitar caminos alternativos, a fin de generar condiciones para garantizar condiciones dignas de vida y de trabajo, su buen vivir”.

En ese sentido, resaltaron la importancia de añadir este programa al Plan Nacional de Desarrollo, sea cual sea el próximo Gobierno y que se de de la mano del “reconocimiento efectivo de las Zonas de Reserva Campesina”.

Para finalizar, las Farc dejaron claro el papel que el Estado cumpliría en la implementación de esta propuesta: “La presencia del Estado deberá concentrarse en la provisión de bienes comunes, de dotaciones infraestructurales físicas, sociales y de recuperación ambiental, así como en el impulso y el apoyo a economías campesinas y populares sostenibles”.