Durante el mes de agosto se han presentado protestas en 27 cárceles del país. En seis penales los reclusos se han declarado en desobediencia civil. La crisis carcelaria continúa en el país. No solo es el hacinamiento ni la inseguridad, existe una crisis humanitaria en ciernes.
Luego de haberse llevado a cabo el debate de control político por la crisis carcelaria en Colombia, se conoció que centenares de internos de las cárceles de Jamundí (Valle), RM de mujeres y Modelo de Cúcuta (Norte de Santander), Girón (Santander), Picaleña de Ibagué (Tolima), y la de Valledupar (Cesar), se encuentran en desobediencia civil.
Las precarias condiciones de sanidad, el hacinamiento, y la falta de atención médica son las principales afecciones de los reclusos. En algunas de las cárceles, la atención médica está retrasada por más de año y medio.
Según el informe entregado por el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, en las últimas tres semanas, centenares de presos en 27 cárceles del país hicieron parte de algún tipo de protesta como las huelgas de hambre y la desobediencia civil.
De acuerdo con el mismo informe, más de una decena de internos se han cosido la boca por la difícil situación que afrontan en sus respectivos centros de reclusión.
El representante Iván Cepeda, dentro de su trabajo de control político a la grave situación de Derechos Humanos en los penales, ha recibido denuncias de internos que aseguran recibir alimentos en estado de descomposición.
También, los reclusos han denunciado a funcionarios del INPEC que, presuntamente, han aplicado severos castigos a varias mujeres que entraron en desobediencia en la cárcel de Cúcuta.
El Gobierno asumió compromisos en el debate de control político del pasado 15 de agosto. Entre ellos, la rápida solución al problema del hacinamiento.
