En el Día internacional de los desaparecidos, Colombia recuerda que son más de 50 mil las mujeres y los hombres que nunca volvieron a sus casas. Sus familias los buscan, pero el Estado y la sociedad no parecen interesados, ni siquiera, en saber el por qué.
Según la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, 45628 hombres y 11678 mujeres han sido víctimas de este flagelo. Sin embargo, entidades como la Comisión Colombiana de Juristas advierten que hay un subregistro a pesar de que en los últimos años el Estado ha trabajado en lograr una base de datos consolidada.
Una prueba de ello es que Bogotá, donde hay mayor presencia de la institucionalidad, es el lugar donde hay mayores registros con más de 11700 personas registradas. Sin embargo, no es la que alberga las lógicas más cruentas del conflicto.
Por el contrario, Antioquia, donde en los últimos 30 años se han conjugado la violencia política, narcotraficante y minera, presenta la cifra de 8913 desaparecidos, el 16% del consolidado nacional.
Regiones como Arauca, Cauca, Putumayo, Nariño, Chocó y los departamentos del Caribe, donde han actuado todos los actores de la guerra presentan registros muy bajos. La razón, probablemente, está en que la presencia estatal está representada mayoritariamente por autoridades militares y policiales que no han cruzado bases de datos con Fiscalía o con las autoridades que componen la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
Los culpables
Guerrillas, paramilitares y Fuerzas de seguridad del Estado son, todos, responsables de desapariciones forzadas. Según Asfaddes, la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, los grupos paramilitares son los mayores responsables de las desapariciones por motivos políticos o ideológicos.
Cabe recordar episodios tan escabrosos como el de la vereda La Esperanza en Carmen de Viboral, Antioquia, en 1996. Las fuerzas comandadas por Ramón Isaza, confeso exparamilitar, entraron a las casas de la población civil y se llevaron a 17 campesinos.
Hoy, luego de las confesiones de los lideres paramilitares a las extintas AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, se le atribuyen más de 7 mil desapariciones durante su accionar entre 1996 y 2005. Sin embargo, especialistas de la Comisión Colombiana de Juristas y del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo sostienen que esa cifra se puede duplicar.
Por otro lado, las guerrillas, a pesar de haber cometido desapariciones por ajustes de cuentas o rencillas políticas, están más involucradas en reclutamientos forzados o consentidos que hacen parte del registro. Así mismo, secuestros que por no ser reivindicados han entrado al registro de desaparecidos
En cuanto a las fuerzas del Estado el relacionamiento de víctimas es mucho más complicado. La Fundación Nidia Erika Bautista e Hijos e hijas contra la impunidad, reivindican la vida de militantes del M19 o de la Unión Patriótica que, luego de peritazgos judiciales, se ha descubierto, fueron capturados y nunca conducidos a las autoridades judiciales, o desaparecidos en connivencia con estructuras paramilitares. Muchos de esos crímenes fueron cometidos entre las décadas del 80 y el 90.
Esclarecer lo que sucedió, donde están los cadáveres, si existen, quién cometió los crímenes y sobre todo, el por qué, es una tarea titánica que el Estado debe asumir para evitar que la impunidad siga reinante y genere nuevas violencias.
