La política educativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha sido una de las más criticadas y resistidas por parte de las organizaciones estudiantiles y de los sindicatos del sector. Han sido dos ministras que en 5 años de presidencia de Santos no han podido llegar a acuerdos con los docentes y estudiantes.
Las políticas públicas en materia de educación siempre han sido fuente de controversia y fuertes conflictos entre los sindicatos que representan a los maestros, las organizaciones estudiantiles y el Gobierno Nacional.
La universidad pública en coma
Desde que entrara en vigencia la Ley 30 de 1992 el debate sobre el futuro de la educación superior pública en el país ha sido una constante a la que el Gobierno Nacional pareciera que no le presta la atención debida.
Esta ley le otorgó a las universidades públicas presupuestos permanentes, autonomía para el autogobierno y la administración y un nuevo modelo de financiación estatal. El problema radicó en que los presupuestos universitarios solo aumentaron un 80% mientras que la demanda, entre 1993 y 2011, creció 232%. En otras palabras, las universidades públicas se fueron quedando sin dinero para atender la a los estudiantes que se matriculaban. El déficit fiscal universitario llegó en 2013 a 11.2 billones de pesos.
Durante el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe Vélez la crisis universitaria empezó a agitar los ánimos de las diferentes organizaciones estudiantiles que comenzaron a adelantar jornadas de movilización en todo el país denunciando estas situaciones. “Uno de los momentos más álgidos fue cuando en 2007 nos tomamos la Universidad Nacional durante un paro que duró casi un mes. En esa ocasión advertimos lo que se venía para toda la educación superior pero no hubo soluciones de fondo ni pronunciamientos sobre la Ley 30 del 92”, cuenta Andrés Mazuera, ingeniero electrónico, quien fuera miembro de una organización estudiantil en sus tiempos de universitario.
Esas acciones se lograron coordinar y para el 2011 la flamante ministra de educación del gobierno Santos, María Fernanda Campo, anunció una reforma de la Ley 30 de 1992. Esta reforma, presentada al Congreso de la República en octubre de 2011 incluía varios puntos que causaron un malestar mayor en la comunidad educativa. Desde un enfoque hacia la optimización de recursos hasta universidades con ánimo de lucro, la reforma presentada por la ministra Campo llevó a que las movilizaciones fueran algo creciente y cada vez más organizado.
Se creó la Mesa Amplia Nacional Estudiantil que logró plantarle cara a las propuestas del gobierno y que incorporó no solo estudiantes de las universidad públicas sino que movilizó a sus iguales de instituciones privadas de todo el país.
Las marchas que tuvieron lugar durante los últimos meses de 2011 lograron que la opinión sobre estas movilizaciones cambiara sustancialmente ya que el estudiantado no recurrió a la violencia durante las manifestaciones. Además, todas las 32 universidades públicas entraron en paro indefinido.
Esto generó que el Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos retirara el proyecto de reforma a la Ley 30 y no siguiera su curso en el Congreso de la República, a cambio de que el paro universitario fuera levantado. Esta fue la primera gran victoria del movimiento estudiantil en mucho tiempo. A lo anterior se suma el hecho de que se propuso que los estudiantes presentaran una versión de reforma a dicha ley para ser tenida en cuenta por el ejecutivo. Sin embargo, eso nunca sucedió por lo cual el malestar en el sector estudiantil universitario persiste.
El manejo dado por la exministra María Fernanda Campo generó que muchos sectores apoyaran a los estudiantes. Campo, que se formó en administración de empresas y se especializó en finanzas, dejó claro, desde un comienzo, que el enfoque lucrativo de la universidad era la prioridad de su cartera y de esa forma se mostró reacia a negociar con los estudiantes y los sindicatos de profesores, en un primer momento. La resolución de la crisis quedó en manos del presidente Santos quien anunció el retiro del proyecto de reforma de ley.
Además, se hizo una campaña nacional para recolectar firmas solicitando la renuncia de la entonces ministra de educación. Finalmente el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia de Campo en 2014, después de que se impulsara una nueva reforma educativa, que en palabras de Sergio Fernández, vocero de la Mane, “fue una reedición del error de 2011”.
Gina y el paro
El cambio en el Ministerio de Educación, empezando su segundo periodo presidencial, trajo como titular de la cartera a la excandidata a la Alcaldía de Bogotá y exdirectora del Sena, Gina Parody.
La gestión de Parody al frente de este ministerio ha sido duramente criticada por los sectores estudiantiles y docentes, debido a que el carácter “empresarial y lucrativo” con el que se quiso imprimir la educación en el país “sigue vivo”.
A lo anterior se suma el hecho de que la negociación sobre el aumento salarial de los docentes oficiales no arrojó un resultado satisfactorio para los maestros. Fecode, que es el ente que acoge a los maestros sindicalizados, hizo un llamado al paro nacional de la educación pública el pasado 23 de abril. El cese de actividades ha empezado a generar preocupación en vario sectores nacionales por cuenta de la falta de clases en lo colegios públicos.
Los docentes siguen manifestando que las exigencias que animan el paro aún no han sido satisfechas. Entre estas es necesario destacar la negociación salarial, ya mencionada, y el llamado a que se reforme el sistema de escalafón docente.
La negociación entre la ministra Parody y los maestros ha generado que las posiciones se radicalicen en lugar de abrir espacios de concertación. En un primer momento, Parody anunció que los docentes que cesaran actividades no contarían con el pago del salario de esos días, esto generó que Fecode endureciera su posición. Posteriormente hizo un llamado a que se levantara el paro por cinco días para sentarse a negociar. Sin embargo, el magisterio ha sido constante en su posición y en este momento continúa el paro mientras el Gobierno Nacional está sentado negociando.
A los maestros se les ha ofrecido un 12% de aumento salarial, lo que ha representado un punto de avance en las trabadas negociaciones. A pesar de esto las exigencias iniciales contaron con una nueva: la renuncia de Parody como ministra de educación. Por el momento, como lo anunció Fecode, las negociaciones están en un punto muerto.
Además, la precaria situación de la educación pública superior ha generado otra serie de malestares que se han sumado a los ya mencionados. La crisis estructural del campus de la Universidad Nacional de Colombia, considerado una joya arquitectónica del país, sumada al problema de financiamiento de la misma ha llevado a que el paro de trabajadores sea una realidad en esa alma mater.
La ministra Parody ha sido duramente criticada no solo por su intento de mostrarse fuerte en los anuncios sobre las negociaciones del paro sino porque ha utilizado ejemplos y ha dado declaraciones que no la han favorecido.
Así las cosas, las acusaciones y críticas de congresistas como Jorge Enrique Robledo, que coinciden con las de los sindicatos docentes y las organizaciones estudiantiles, sobre la mercantilización de la educación pública en Colombia, toman más fuerza a medida que el Gobierno Nacional solo plantea como solución, medidas consideradas por muchos sectores como “paños de agua tibia”.
Por el momento los colegios públicos siguen vacíos y los representantes del Ejecutivo esgrimen el aumento del 12% como panacea para conjurar una crisis que abarca el mismo tiempo que Santos lleva en el Palacio de Nariño.
