Tras la resolución emitida por el Incoder el primero de abril, que reconoce la presencia de baldíos en la emblemática hacienda Bellacruz y la usurpación de los terrenos, los líderes de restitución de tierras denuncian que la violencia se ha recrudecido en el pueblo. Panfletos, persecuciones y artefactos explosivos parecen ser la nueva realidad. El ejército anti-restitución estaría detrás de las amenazas.
La hacienda Bellacruz es probablemente el ícono de la usurpación de tierras en Colombia. Sobre sus entrañas pesa una larga y tortuosa historia de violencia y amenazas, de estrategias para controlar el territorio a través del terror y de complicidad del Estado para vender sus baldíos a los mejores postores.
Los afectados son siempre los mismos. Campesinos honrados, trabajadores de la tierra que huyen corriendo de la violencia y la guerra. Gente a la que solo le alcanzó el tiempo para recoger la ropa y largarse. Anochecer en su casa levantarse en un lugar de nadie. Pasar, de un día al otro, de la tranquilidad a la desprotección y el abandono.
Esto le ha pasado a las 64 familias que luchan desde hace décadas por recuperar los terrenos que un día el Incora (antiguo Incoder) les adjudicó pero que los victimarios les arrebataron a sangre y fuego. “Nos vende o negociamos con su viuda”, fue durante años la política criminal que justificó el desplazamiento forzado, uno de los karmas de nuestra sociedad.
Desde los años 60 han luchado contra los que se quieren apropiar de la tierra. Primero contra la familia Marulanda, que se adueñó del territorio durante décadas, luego contra las autoridades que intentaban beneficiar a empresarios, después contra los paramilitares y ahora contra Germán Efromovich, el empresario que convenció en 2008 a inversores extranjeros de invertir en la emblemática hacienda y establecer allí miles de hectáreas de Palma africana.
Los campesinos, que hoy no se pueden acercar a la finca porque un ejército de vigilancia privada les impide llegar a lo que fue su casa, recibieron una buena noticia el primer de abril de este año por parte del Incoder.
Ese día, a través de la resolución 0481, la entidad encargada de administrar la tierra en Colombia señaló que 1200 hectáreas de la hacienda Bellacruz son baldíos indebidamente ocupados y que pasarán a manos del Estado.
La entidad estatal probó que los predios baldíos Potosí, Venecia, Los Bajos, Caño Negro y San Simón, ubicados en el corregimiento de Simaña, municipio de La Gloria, se encuentran indebidamente ocupados. Según el informe lo ocupante ilegales son: Frigorífico La Gloria S.A.S.; M.R. De inversiones S.A.S.; La Dolce Vista Estate Inc Sucursal Colombia y el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A.
De vuelta a las amenazas
Una vez produjo la resolución en la que se compromete a recuperar los baldíos en Bellacruz, los victimarios volvieron a aparecer. La Coordinadora Nacional Campesina, organización a la que está afiliada la Asociación Horizonte de Familias Desplazadas denunció “la grave situación de seguridad en la que se encuentran los líderes y lideresas de Asocol, organización que adelanta el proceso de recuperación y restitución de tierras en la antigua hacienda Bellacruz.
El 5 de abril, dice el documento conocido por Confidencial Colombia, “se tuvo conocimiento que el grupo paramilitar Los Rastrojos – Comandos Urbanos, circuló un panfleto en la ciudad de Valledupar en el que insta a las organizaciones a “renunciar a la práctica subversiva de la reclamación de tierras que fueron adquiridas legalmente por los propietarios”.
El panfleto señala que Los Rastrojos “iremos más allá” si las comunidades siguen en su intención de recuperar el terreno. “Regresaremos a las acciones de los noventa sin piedad ni temor alguno”.
La comunicación obliga a los reclamantes a “suspender de inmediato la campaña de lavado de cerebro (…) con el cuento de la restitución de tierras, principalmente con la Hacienda Bellacruz, El Toco, El Prado y Michoacán”. Por supuesto, los habitantes de la zona y los líderes de derechos humanos viven en medio del temor.
Al panfleto amenazante de principios de abril se han sumado dos acciones contra las cabezas visibles de Asocol. A finales de mayo, un artefacto explosivo de corto alcance explotó en la puerta de a casa de la cuñada de Freddy Rodriguez, representante legal de Asocol y uno de los reclamantes más activos.
Por esos mismos días, el hijo de otro de los líderes de reclamación de la hacienda Bellacruz, Miguel Herrera, fue perseguido durante varios minutos por individuos en una moto. Finalmente, los motorizados desparecieron.
Una decisión del Estado ha recrudecido la situación de orden público en esta zona del Cesar. Los habitantes que no huyeron de la violencia y viven cerca a la Hacienda soportan la presencia de los paramilitares y la construcción de un emporio agroindustrial. Esperan que el Estado, luego de años, les devuelva su terreno.
